Instrucciones de contratación - Antecedentes

El INSTITUTO PARA LA DIVERSIFICACION Y AHORRO DE LA ENERGIA (IDAE), es un Organismo público adscrito al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, a través de la Secretaría General de Energía, que se rige por la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, al haberse configurado como una Entidad Pública Empresarial de las previstas en la letra b) del apartado 1 del artículo 43 de dicha Ley, de acuerdo con lo previsto en el artículo 72 de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, así como por la Disposición Adicional Vigésimo Primera de la Ley 46/1985, de 27 de diciembre de Presupuestos Generales del Estado para 1986, y por sus Estatutos aprobados por Real Decreto 802/1986, de 11 de abril, modificados por Real Decreto 252/1997 de 21 de febrero y por Real Decreto 2100/1998 de 25 de septiembre, y demás disposiciones legales de aplicación.

IDAE goza de personalidad jurídica pública diferenciada así como autonomía de gestión para el cumplimiento de sus fines, actuando sometida al ordenamiento jurídico privado.

IDAE tiene por objeto realizar cuantas funciones y actividades afecten a la promoción de la eficiencia energética, uso racional y diversificación de la energía y promoción de las fuentes renovables de energías, pudiendo a tal fin, de acuerdo con el art. 2º de su Estatuto, desarrollar “actividades de asistencia técnica, ingeniería de servicios, consultoría y comercialización en general de productos, patentes, marcas, modelos y diseños industriales, realizar inversiones directa o indirectamente en proyectos de interés energético y en sociedades ya constituidas o de nueva creación”.

De conformidad con lo establecido en el art. 20 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público (LCSP) los contratos celebrados por IDAE tendrán la consideración de “Contratos Privados”, por lo que el régimen de contratación de IDAE se regirá, en cuanto a su preparación y adjudicación, en defecto de normas específicas, por la citada Ley y sus disposiciones de desarrollo, aplicándose supletoriamente las normas de derecho privado. En cuanto a sus efectos y extinción, estos contratos se regirán por el derecho privado. Todo ello, sin perjuicio de los negocios y contratos excluidos a que se refiere el artículo 4 de la LCSP.

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