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Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica

El despliegue de renovables en España, que se ha fijado tener un sistema eléctrico 100% renovable antes de 2050, permitirá aprovechar su potencial en términos de generación de empleo, actividad económica y competitividad, en línea con los planes de recuperación económica verde la de Unión Europea. España cuenta con un importante recurso renovable y una cadena de valor consolidada con capacidad de crecimiento

Entre otras cuestiones, la norma aprobada hoy establece hitos y plazos temporales para evitar movimientos especulativos en la utilización de los permisos de acceso a la red

El Real Decreto-ley también crea un nuevo sistema de subastas que ofrece estabilidad al inversor y permite que el conjunto de los consumidores se beneficie de los ahorros asociados a la integración de renovables en el sistema, ya que son la fuente de generación de energía más barata

Se incorporan a la regulación española nuevos modelos de negocio que el sector ya está demandando, como es el caso del almacenamiento, la hibridación y el agregador independiente. Al tiempo, se regulan las comunidades de energía renovables, que favorecen la participación de los ciudadanos en la transición energética

Con el objeto de asegurar la liquidez del sistema y mitigar los desajustes que ha provocado la crisis del COVID-19, se habilita la posibilidad de inyectar el superávit de ejercicios anteriores

23/06/2020.- El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), ha aprobado hoy, martes 23 de junio, un Real Decreto-ley con una batería de medidas para impulsar, de forma ordenada y rápida, la transición energética hacia un sistema eléctrico 100% renovable y favorecer la reactivación económica en línea con el Pacto Verde Europeo. La norma elimina barreras para el despliegue masivo de fuentes renovables, define nuevos modelos de negocio y fomenta la eficiencia energética, entre otras cuestiones. Con ello, y en el contexto de la recuperación tras el COVID-19, se establece un marco estable que permitirá a España aprovechar su potencial, en términos de generación de empleo y actividad económica, ligado a una transición energética limpia, justa, fiable y económicamente competitiva. Al tiempo, el marco permitirá reducir la factura de la electricidad dado que las renovables son la fuente de generación más barata.

El Real Decreto-ley se divide en cuatro bloques. El primero incluye la regulación de acceso y conexión y regula un nuevo mecanismo de subastas para dotar a las renovables de un marco predecible y estable. El segundo se centra en el impulso de nuevos modelos de negocio que serán claves en los próximos años, como es el caso de la agregación de la demanda, el almacenamiento y la hibridación. En tercer lugar, el Real Decreto-ley aborda el fomento de la eficiencia energética flexibilizando el Fondo Nacional de Eficiencia Energética; y, por último, se establecen una serie de medidas sectoriales para el impulso de la actividad económica y el empleo en respuesta a la crisis del COVID-19.

GARANTÍAS PARA LOS PROYECTOS RENOVABLES FIRMES

En su artículo 1, el Real Decreto-ley se dedica a la regulación de los permisos de acceso y conexión a la red eléctrica, dos autorizaciones que los promotores necesitan para poner en marcha sus plantas de renovables. El objetivo fundamental es asegurar que estos derechos estén asociados a proyectos reales y firmes, y evitar los movimientos de carácter especulativo que puedan darse ante la insuficiencia de la regulación vigente.

En la actualidad, existe un elevado número de solicitudes, que suman más de 430.000 megavatios (MW) –320MW en el año 2019 y 108MW en 2020–, y hay indicios del eventual componente especulativo de buena parte de ellas, dada la escasa madurez de los proyectos o el volumen de casos de titulares de permiso de acceso que no han solicitado el igualmente necesario permiso de conexión: en torno a un 60%.

Esta situación obstaculiza y encarece la puesta en marcha de los proyectos solventes que, en la próxima década, instalarán en torno a 60.000 MW de potencia renovable en España, de acuerdo con la planificación del Plan Integrado Nacional de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030. Se estima que este impulso atraiga inversiones por más de 90.000 millones de euros, generando entre 107.000 y 135.000 empleos netos al año durante la próxima década.

 Por ello, resulta urgente ordenar los permisos atendiendo a su viabilidad y solidez para favorecer el despliegue de energías limpias, lo que permitirá que el 74% de la electricidad en España sea renovable en 2030 y alcanzar el 100% antes de 2050, contribuyendo así a lograr el objetivo de neutralidad climática que se ha fijado el país en línea con el Acuerdo de París y los compromisos de la Unión Europea (UE).

A tal fin, el Real Decreto-ley establece una serie de hitos administrativos sucesivos, con plazos temporales en función del momento en el que fue otorgado. Los titulares deben ir acreditando el cumplimiento de cada uno esos hitos –entre ellos, la obtención de la declaración de impacto ambiental favorable y la autorización administrativa de construcción– en los tiempos fijados. De lo contrario, los permisos caducarán de forma automática y, en su caso, se procederá a ejecutar los avales económicos que se exigen al solicitar la autorización. El último de los plazos concluye a los cinco años de iniciarse el cómputo para el primer hito.

En el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de la norma, tanto los titulares como los solicitantes de estas autorizaciones podrán renunciar a ellas, procediéndose a la devolución de las garantías. Además, se establece una moratoria de nuevas solicitudes de acceso: no se podrán pedir hasta que se apruebe una nueva regulación sobre estos permisos, que deberá exigir a los solicitantes mayor maduración de los proyectos y estudios previos. De esta manera, se evitan nuevas solicitudes potencialmente especulativas sobre la capacidad que se libere mientras se desarrolla la normativa, que deberán aprobar el Gobierno y la Comisión Nacional de los Mercado y de la Competencia (CNMC), en sus respectivas competencias, en el plazo de tres meses desde la publicación del Real Decreto-ley.

NUEVO SISTEMA DE SUBASTAS PARA LA ORDENACIÓN DE RENOVABLES

Otra de las cuestiones clave para favorecer la masiva instalación de energías limpias durante la próxima década, activando con ello toda la cadena de valor industrial asociada, es habilitar un nuevo sistema de subastas de renovables que, de un lado, ofrezca previsibilidad y estabilidad de ingresos y financiación a los inversores de las nuevas plantas renovables; y, de otro, traslade a los consumidores de forma directa los ahorros asociados a la incorporación de renovables al sistema eléctrico, dado que se trata de la fuente de generación de energía más barata.

En este nuevo marco, que el Gobierno desarrollará reglamentariamente, la variable sobre la que se pujará será el precio de la energía. Los procedimientos deberán estar orientados a la eficiencia de los costes y podrán distinguir entre distintas tecnologías de generación en función de sus características técnicas, tamaño, niveles de gestionabilidad, criterios de localización y madurez tecnológica, entre otros. También podrán tener en cuenta las particularidades de las comunidades de energías renovables para que éstas puedan competir por el acceso al marco retributivo en nivel de igualdad con otros participantes, todo ello de acuerdo con la normativa comunitaria.  Además, para favorecer instalaciones de pequeña magnitud y proyectos piloto innovadores, la norma permite, de acuerdo con la Directiva Europea de Energías Renovables,  que se les exima de acudir a la subasta para poder recibir la retribución.

El marco vigente se desarrolló en 2013, un momento en el que el coste de generación de un kilovatio hora renovable era más caro que el precio al que se vendía en el mercado. La situación actual es justamente la contraria y es necesario actualizar el modelo. De hecho, los sistemas de retribución de los países del entorno de España, similares al diseñado en el Real Decreto-ley, reflejan resultados de subastas con precios inferiores a los registrados en el mercado eléctrico, ya que el desarrollo tecnológico de los últimos años ha abaratado significativamente el coste de generar electricidad de origen renovable. La traslación de estos ahorros económicos al consumidor, y en particular a la industria, favorecerá la competitividad de la economía española.

SIMPLIFICACIÓN Y AGILIZACIÓN DE TRÁMITES  

El Real Decreto-ley simplifica y agiliza la tramitación de los proyectos renovables y la infraestructura eléctrica asociada, eliminando así barreras para su puesta en marcha. Entre otras cuestiones, se regulan los casos en los que el promotor no necesitará renovar determinadas autorizaciones si modifica el proyecto de forma no sustancial y se simplifica el procedimiento de autorización de las instalaciones móviles que se conectan a la red de transporte y distribución. Este tipo de dispositivos, tales como transformadores o reactancias, van a desempeñar un papel cada vez más relevante para la transición energética, al permitir maximizar las renovables, ya que aportan flexibilidad y agilidad a su operación. También son necesarias ante situaciones de reparación de averías causadas por eventos meteorológicos adversos.

Esta tercera batería de medidas, unida a la ordenación del acceso y conexión y el nuevo marco de subastas, permitirá impulsar la inversión en nuevas instalaciones, generando actividad económica y empleo en la cadena de valor industrial asociada al sector renovable, que en España está consolidada. Según datos del sector, el 90% de los elementos de un aerogenerador se fabrican en España y, en el caso de los paneles solares fotovoltaicos, la industria del país genera componentes –electrónica de potencia, estructuras, seguidores, etc.– que suman más del 65% de lo necesario para construir y operar una instalación solar.

NUEVOS MODELOS DE NEGOCIO LIGADOS A RENOVABLES

En la misma línea de activación económica, el Real Decreto-ley incorpora al ordenamiento jurídico español nuevos modelos de negocio que serán claves en la transición energética y que ofrecen, desde este momento, oportunidades de impulso económico, empleo y mejora de la competitividad. Es el caso de la figura del almacenamiento, que queda regulada mediante esta norma, lo que permitirá gestionar y optimizar la energía generada en las nuevas plantas renovables; y de la hibridación, que posibilita combinar diversas tecnologías –fotovoltaica y eólica, por ejemplo–, en una misma instalación. Con ello, se optimiza la utilización de las redes eléctricas ya existentes y se minimizan los impactos ambientales, al sacarse el máximo partido a las ubicaciones de las plantas.

Ambas figuras permitirán el desarrollo rápido y eficiente de proyectos renovables, aprovechando la red ya construida, minimizando el coste para los consumidores y generando efectos positivos e inmediatos sobre la actividad y el empleo industrial, al dotar de seguridad jurídica al marco normativo aplicable.

Adicionalmente, y en cumplimiento de la normativa comunitaria, se incorpora la figura del agregador independiente, que introducirá mayor dinamismo en el mercado eléctrico. Este nuevo modelo de negocio se basa en combinar la demanda de varios consumidores de electricidad o la de varios generadores para su participación en distintos segmentos del mercado.

De igual modo, y para favorecer la participación de la ciudadanía en la transición ecológica, quedan reguladas las comunidades de energía renovables, que permiten de los ciudadanos y las autoridades locales ser socios de proyectos de energías renovables en sus localidades.

Por otro lado, se habilita al Gobierno para que regule un procedimiento especial de autorización de instalaciones cuyo objeto principal sea la I+D+i, que representan una oportunidad tecnológica, energética e industrial en ámbitos como el almacenamiento, las energías marinas o la gestión de las redes, entre otros, que se constituyen en un factor estratégico para el impulso económico, tanto corto como a medio plazo.

Además, será posible establecer bancos de pruebas regulatorios (“sandboxes”) para introducir novedades, excepciones o salvaguardias regulatorias que contribuyan a facilitar la investigación e innovación en el ámbito del sector eléctrico. Con ello se favorece un desarrollo más ágil de la regulación del sector energético basado en el testeo previo de normativa sobre nuevas tecnologías o soluciones.

LOS PUNTOS DE RECARGA DE ALTA CAPACIDAD, UTILIDAD PÚBLICA

Con el objeto de facilitar la expansión del vehículo eléctrico, el Real Decreto-ley otorga la declaración de utilidad pública a las infraestructuras eléctricas asociadas a los puntos de recarga de alta capacidad (con potencia superior a 250 kW), fundamentales para permitir que se abran estaciones de recarga ultra-rápida en carreteras, autovías y autopistas, aumentando las posibilidades de la movilidad eléctrica.

Asimismo, la norma extiende la vigencia del Fondo Nacional de Eficiencia Energética hasta 2030 y mejora del procedimiento de cálculo de las obligaciones. Este fondo, que se dota con cuotas anuales de las empresas comercializadoras de gas, electricidad y productos petrolíferos, ha permitido movilizar más de 1.000 millones de euros en ayudas en los últimos cinco años para invertir en medidas de ahorro de energía. De manera excepcional, y en atención a la situación creada por el COVID-19, se permitirá a las comercializadoras que sean pequeñas y medias empresas (PYMES) retrasar el pago de las obligaciones con el fondo correspondientes a 2020, favoreciendo la recuperación de su liquidez.

LIQUIDEZ DEL SISTEMA

Con el objetivo paliar los efectos de la crisis sanitaria provocada por el coronavirus y asegurar la liquidez del sistema eléctrico en el corto plazo, se habilita el uso del superávit de ingresos para cubrir los eventuales desajustes y desviaciones entre ingresos y costes del sistema de 2019 y 2020. Se concretará mediante orden ministerial.

Esto permite que el conjunto de los “sujetos de liquidación”, esto es, los operadores de las redes de transporte y distribución, incluidas las más de 300 pequeñas distribuidoras que operan en el país, así como las más de 60.000 instalaciones de renovables, cogeneración y residuos, puedan percibir una parte significativa de la retribución correspondiente al ejercicio 2019. Se trata de una medida que facilita liquidez a estos sujetos, permitiendo que mantengan su actividad y facilitando nuevas inversiones en el ámbito industrial, digitalización de redes y en desarrollo de renovables, imprescindibles en este momento de recuperación económica.

Además, el Real Decreto-ley ajusta excepcionalmente los porcentajes de Producto Interior Bruto (PIB) por los que se rigen la inversión máxima que se dedica a redes de transporte y distribución en el trienio 2020-2022. De esta manera, se podrá mantener el ritmo inversor previsto originalmente, antes de la crisis del COVID-19, y acometer las actuaciones necesarias para la integración de la nueva generación renovable.

APOYO A COGENERACIÓN, LODOS DE ACEITE Y BIOMASA

En el caso de las instalaciones acogidas al régimen retributivo específico cuyos costes de explotación dependen esencialmente del precio del combustible. Esto incluye a las instalaciones de cogeneración, a las instalaciones de tratamiento de purines, a las instalaciones de tratamiento de lodos de aceite y a las biomasas. Se establece la revisión del valor de la retribución a la operación, que será de aplicación durante el periodo de vigencia del estado de alarma, para reconocer los efectos de unos menores precios de mercado y de CO2, paliando así el impacto que la crisis sanitaria ha tenido sobre sus condiciones de operación. Con ello, se presta apoyo especialmente al sector industrial y agrícola, que emplean este tipo de tecnologías.

En concreto, para el cálculo de la mencionada revisión se consideran los valores del precio del mercado eléctrico y del precio de los derechos de emisión de CO2 durante el estado de alarma. Adicionalmente, se reducen un 50% los valores del número de horas equivalentes de funcionamiento mínimo y del umbral de funcionamiento aplicables al año 2020, respecto de los valores establecidos previamente.

TRANSICIÓN JUSTA

Para facilitar la gobernanza y correcta implementación de la Estrategia de Transición Justa del Gobierno de España, que permitirá el despliegue y financiación de proyectos que garanticen el empleo y la actividad económica en las zonas en transición energética, se ha creado el Instituto de Transición Justa, a partir del anterior Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y del Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras. En este Real Decreto-ley se define el objeto de este instituto: identificar y adoptar medidas que garanticen a trabajadores y territorios afectados por la transición hacia una economía más ecológica, baja en carbono, un tratamiento equitativo y solidario, minimizando los impactos negativos sobre el empleo y la despoblación de estos territorios.

La capacidad de acción de evacuación de los nudos que dejan liberados las centrales térmicas de carbón que cierren es un importante activo para la generación de empleo y nuevos proyectos industriales en las zonas de transición. El Real Decreto-ley 17/2019 posibilitó al Gobierno regular procedimientos y establecer requisitos para la concesión de la totalidad o de parte de dicha capacidad que ponderen,  además de las cuestiones técnicas y económicas, los potenciales beneficios medioambientales y sociales. Para poder diseñar y convocar estos procedimientos a la mayor brevedad, se habilita a la Dirección General de Política Energética y Minas del MITECO para que solicite al operador del sistema el cálculo de la capacidad máxima disponible en cada uno de estos nudos.  

AGILIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA DE LA NORMATIVA AMBIENTAL

La norma también modifica la Ley de Evaluación Ambiental para dotarla de mayor agilidad y seguridad jurídica, garantizando la protección del medio ambiente, facilitando la tramitación de proyectos que permitan la reactivación de la economía tras la crisis que ha provocado la pandemia de la COVID-19.

En este sentido, se regula la prórroga de vigencia de las declaraciones de impacto, evitando así el vacío jurídico existente, se agiliza el procedimiento para la determinación del alcance del estudio de impacto ambiental y se completan determinados aspectos del procedimiento de evaluación ambiental simplificada.   

El documento establece recomendaciones, dirigidas a profesionales técnicos del sector, sobre el uso y el mantenimiento de los sistemas de ventilación o climatización de edificios y locales, como pueden ser oficinas, centros comerciales, instalaciones deportivas o culturales, entre otros

La guía ha sido coordinada por los Ministerios de Sanidad, Transición Ecológica y Reto Demográfico y el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía en colaboración con expertos en salud pública, sanidad ambiental, aerobiología e instalaciones de climatización y ventilación

22/06/2020.- El Gobierno de España ha publicado una guía con recomendaciones sobre el uso y mantenimiento de los sistemas de climatización y ventilación de edificios y locales comerciales dirigido a  profesionales  del sector. El documento establece una serie de criterios técnicos para proteger la salud pública, con el objetivo de prevenir la propagación del COVID-19 en espacios y locales públicos con ventilación o climatización mecánica, como pueden ser oficinas, centros comerciales, instalaciones deportivas o culturales, entre otras.

La guía ha sido coordinada por técnicos del Ministerio de Sanidad, del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico y del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, con la participación de expertos en salud pública, sanidad ambiental, aerobiología e instalaciones de climatización y ventilación. Se ha tenido en cuenta las recomendaciones de las agencias internacionales, organizaciones profesionales y sociedades científicas. 

Puede consultarse en este enlace.
https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/medidas-covid19/sistemas-climatizacion-ventilacion/default.aspx

Las recomendaciones son las siguientes:

1. La guía enfatiza que la renovación de aire es el parámetro más importante. Si es posible, se recomienda un mínimo de 12,5 litros por segundo (l/s) y ocupante, que es el valor que el Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios atribuye a un aire de buena calidad. Para asegurar este valor mínimo, se puede trabajar en dos direcciones: aumentar la ventilación o reducir la ocupación de los espacios. 
2. Es aconsejable verificar que los equipos encargados de la renovación de aire trabajen, al menos, en sus condiciones nominales de diseño y que las posibles pérdidas de carga, especialmente internas al sistema sean mínimas (filtros con colmatación, etc.).
3. Si el sistema dispone de controles específicos de calidad de aire (sondas de CO2, etc.) se recomienda desconectarlos, dando prioridad al caudal del sistema (por horario). En concreto, en horario laboral, se aconseja trabajar con el caudal máximo que permita el sistema desde dos horas antes de la apertura y hasta dos horas después del cierre. En las horas restantes de la semana, incluido fines de semana, es preferible que el sistema continúe funcionando a bajo caudal, pero nunca a nivel inferior del 25% del caudal de aire nominal.
4. En aquellos dispositivos que lo posibiliten, la guía recomienda eliminar o reducir la recirculación del aire siempre que las condiciones de operación lo permitan.
5. En cuanto a los recuperadores de calor rotativos, se aconseja realizar una inspección antes de ponerlos en funcionamiento. En los recuperadores de placas, por su parte, se recomienda verificar las posibles fugas.
6. Si existe un sistema de extracción específico para la zona de aseos u otras zonas anexas a la oficina -como, por ejemplo, vestuarios-, es recomendable mantenerlos activos de forma permanente.
7. Cuando el edificio, en origen, no disponga de sistemas de ventilación mecánica, la guía recomienda la apertura de ventanas accesibles, favoreciendo la ventilación cruzada. Se aconseja realizar una ventilación regular con ventanas incluso en edificios con ventilación mecánica. 
8. Se recomienda no modificar la temperatura de consigna ni de calefacción ni de refrigeración. 
9. Los rangos reglamentarios sobre humedad relativa –entre el 30% y el 70%- se consideran adecuados, por lo que la guía aconseja mantener los puntos de consigna previamente establecidos en el edificio. 
10. En el caso de que en el edificio haya “fancoils”, “splits” inductores u otro tipo de unidades interiores de expansión directa, es aconsejable que estos dispositivos funcionen de manera acompasada y solidaria con las unidades exteriores. La guía recomienda aumentar, tanto como sea técnicamente posible, la filtración del aire recirculado si el equipo lo permite, y siempre y cuando se garantice el caudal de aire nominal del equipo. 
11. Si el local presenta dificultades para obtener una ventilación satisfactoria, se aconseja el uso de unidades portátiles equipadas con filtros de alta eficiencia HEPA, ubicadas en los espacios a tratar. Es preciso que mantengan un índice de movimientos hora significativo. La eficacia de estos equipos depende de su correcta selección y dimensionamiento, por lo que se debe realizar por técnico competente. Particularmente, la guía recuerda que no se pueden usar equipos basados en la generación de ozono en locales con presencia de personas y  que la Organización Mundial de la Salud advierte contra la utilización de las lámparas UV-C para desinfectar las manos o cualquier otra superficie de la piel. Por tanto, no se recomienda su uso en ambientes en los que haya presencia de personas. 
12. El documento considera las labores de mantenimiento tan relevantes como las de operación del sistema. Así, en el supuesto de aquellos edificios y establecimientos que hayan cerrado o cesado su actividad, es recomendable realizar una revisión general de la instalación de climatización antes de la reapertura, limpiando rejillas, difusores, filtros y baterías. Y si la instalación es de ventilación, es conveniente realizar un proceso de purga del aire interior tanto del edificio como del sistema, para lo que bastaría con el arranque del sistema de ventilación para ofrecer un número de renovaciones del aire interior adecuado.
13. La guía no considera preceptivo realizar la limpieza de los conductos si se siguen las recomendaciones anteriores sobre el aumento del aporte de aire exterior, ausencia de recirculación y parada de recuperadores rotativos. Esta recomendación no exime de la preceptiva revisión, una vez por temporada, de la red de conductos según los criterios de la norma UNE 100012.
14. Es aconsejable reemplazar los filtros de aire de acuerdo con el programa de mantenimiento ya establecido en cada edificio. Si el ventilador del equipo lo permite, se recomienda mejorar la eficacia del filtro, siempre que se garantice el caudal de aire nominal del equipo. 
15. El documento también estima conveniente revisar y limpiar las unidades de impulsión y retorno.
16. Las labores de mantenimiento deben realizarse de acuerdo con las medidas de seguridad establecidas en los protocolos de cada empresa y según las directrices del Ministerio de Sanidad. En concreto, la guía enfatiza la necesidad de actuar de forma segura en el caso de cambios de filtro. Las medidas de protección serán las habituales, incluyendo protección respiratoria obligatoria y guantes para todas ellas.
17. Ante un posible caso positivo de COVID-19, se recomienda que el espacio donde se haya alojado la persona sea ventilado durante, al menos, cuatro horas. La ventilación debe comenzar al menos dos horas antes de iniciar las labores de desinfección. Dentro del protocolo de limpieza y desinfección del espacio, se recomienda incluir las rejillas de impulsión y retorno de aire; la extracción, la limpieza y desinfección del filtro de la unidad interior si la hubiera (fancoil, split); y la limpieza y desinfección de la unidad interior, si existe, pulverizando una solución desinfectante.

El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) transferirá los fondos con carácter inmediato una vez que las CCAA hayan cursado la solicitud

Una vez aprobadas las bases del programa, son las comunidades autónomas las que han de convocar mediante resoluciones propias estas ayudas, que suman un total de 100 millones de euros

El plan financiará, con ayudas directas, las compras de vehículos vehículos eléctricos o híbridos enchufables realizadas por particulares desde el día de entrada en vigor del real decreto, el 18 de junio

19 de junio 2020.- El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO) se ha reunido hoy con representantes de las comunidades autónomas (CCAA) y de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla para agilizar la coordinación y puesta en marcha de las ayudas del Programa MOVES II, aprobado en el RD 569/2020, del Consejo de Ministros del pasado 16 de junio. 

El objetivo del encuentro, convocado por el IDAE y al que han asistido los directores generales de Industria y Energía autonómicos, es favorecer que las convocatorias del mencionado programa se lleven a cabo cuanto antes y con éxito en los distintos territorios.

En este sentido, el IDAE ha informado a las CCAA de que está en disposición de hacer la transferencia de los fondos que corresponden a cada una de ellas con carácter inmediato, una vez cursada las solicitudes.

Aprobadas las bases del programa, son las comunidades autónomas las que han de convocar mediante resoluciones propias estas ayudas, que suman un total de 100 millones de euros, ampliando su dotación en un 222%.

Las compras de particulares, desde el 18 de junio

En la reunión se ha recordado que el programa financiará, con ayudas directas, las adquisiciones de vehículos turismo y furgonetas eléctricos o híbridos enchufables realizadas por particulares desde el día de entrada en vigor del real decreto, es decir, desde el 18 de junio. Una medida que busca reactivar con la mayor rapidez posible las ventas a particulares, de forma que éstas no se vean paralizadas hasta la publicación las convocatorias autonómicas. El procedimiento a seguir para la posterior solicitud y tramitación de la ayuda se indicará en la correspondiente convocatoria autonómica.

Las actuaciones que contempla el MOVES II son proyectos relacionados con la adquisición directa de vehículos eléctricos, instalación de infraestructuras de recarga, sistemas de préstamos de bicicletas, así como la implantación de planes de transporte al trabajo y medidas de los ayuntamientos para adoptar movilidad de los ciudadanos a las exigencias impuestas  por  la COVID19.

El programa MOVES II se inscribe en el “Plan de impulso de la cadena de valor de la industria de la automoción: Hacia una movilidad sostenible y conectada” del Gobierno de España y tiene como objetivo favorecer que el sector aproveche todas las oportunidades en términos de generación de empleo, actividad económica y mejora de la competitividad que ya está ofreciendo el cambio a una movilidad sostenible.

La segunda edición del Plan MOVES duplica su dotación respecto de la anterior edición, que contó con 45 millones

Financiará, entre otras cuestiones, la adquisición de vehículos eléctricos, la instalación de infraestructura de recarga y de sistemas de alquiler de bicicletas eléctricas, así como medidas para facilitar la movilidad sostenible de empleados y clientes a centros de trabajo

Como novedad, los ayuntamientos podrán emplear las ayudas para realizar adaptaciones rápidas para responder a las necesidades de movilidad que han surgido como consecuencia de la crisis sanitaria del COVID-19, como puede ser la conversión de carriles convencionales en carriles bici o espacios peatonales

El programa se inscribe en el “Plan de impulso de la cadena de valor de la industria de la automoción: Hacia una movilidad sostenible y conectada” del Gobierno de España y tiene como objetivo favorecer que el sector aproveche todas las oportunidades en términos de generación de empleo, actividad económica y mejora de la competitividad que ya está ofreciendo el cambio a una movilidad sostenible

16 de junio de 2020.- El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), ha aprobado un Real Decreto por el que se regulan las bases de la segunda edición de Programa de Incentivos a la Movilidad Eficiente y Sostenible (MOVES II). El plan, elaborado con la participación de las comunidades autónomas y el sector, ha ampliado su dotación en un 222%, pasando de los 45 millones de la edición anterior a una dotación de 100 millones de euros. 

MOVES II financiará, con ayudas directas, la compra de vehículos eléctricos o híbridos enchufables —hasta los 5.500 euros, en el caso de los coches 100% eléctricos—, la instalación de infraestructura de recarga y de sistemas de préstamos de bicicletas eléctricas, así como la implantación de planes de transporte a los centros de trabajo. Respecto de la primera edición, el programa incorpora la posibilidad de que los ayuntamientos empleen las ayudas para realizar adaptaciones rápidas que les permitan responder a las necesidades de movilidad que han surgido como consecuencia de la crisis sanitaria del COVID-19, como puede ser la conversión de carriles convencionales en carriles bici o espacios reservados para el peatón.

El programa se inscribe en el “Plan de impulso de la cadena de valor de la industria de la automoción: Hacia una movilidad sostenible y conectada”, activado por el Gobierno de España para que la industria de la automoción, estratégica y con efecto tractor, pueda aprovechar las oportunidades que ofrecen cambios asociados a la nueva movilidad ligada a los procesos de descarbonización y de transformación digital.  De hecho, España ya cuenta con una consolidada cadena de valor de la electromovilidad, vinculada fundamentalmente a los sectores de bienes de equipo y la electrónica de potencia, con una aportación de fabricación nacional de entre el 70 y el 90%. El país también dispone ecosistemas de fabricación de vehículos significativos en segmentos como el de los autobuses o las motocicletas eléctricas, de las que España es el primer fabricante europeo. 
 

Activación económica ligada a la movilidad sostenible

MOVES II ha aumentado su presupuesto en 55 millones de euros con respecto a la edición de 2019, dotada con 45 millones. Los 100 millones del nuevo programa provienen de líneas presupuestarias asignadas al Instituto para el Ahorro y la Diversificación de la Energía (IDAE), dependiente de MITECO. 

Entre las novedades de esta segunda edición, destaca que las comunidades y ciudades autónomas podrán llevar a cabo inversiones directas con cargo al programa para, por ejemplo, instalar puntos de recarga en hospitales u otros edificios de su titularidad, o renovar sus flotas de vehículos y transporte público.

La inversión pública del Estado que contempla MOVES II podría llegar a movilizar un valor añadido de entre 3,5 y 4 millones de euros por cada millón invertido, generando más de 5.000 empleos. Al tiempo, se contribuye a mitigar las emisiones contaminantes y de gases efecto invernadero: el programa podría promover un ahorro de 14 toneladas equivalentes de petróleo (ktep) al año y una reducción de emisiones  anual estimada en unas 40.250 toneladas de CO₂.

Fomento de la adquisición de vehículos alternativos

Las ayudas para la compra de vehículos alternativos varían entre los 750 y los 15.000 euros en función del tipo de vehículo (coche, moto, furgoneta, autobús o camión), de su motorización (híbrido enchufable, eléctrico puro o gas, combustible reservado solo al transporte pesado porque las alternativas eléctricas no cuentan con suficiente desarrollo). En el caso de los vehículos ligeros eléctricos, la subvención puede llegar a los 5.500 euros si incluye el achatarramiento del vehículo antiguo, que debe tener más de siete años. Si se opta por no achatarrar, la ayuda sería de 4.000 euros.
 
En esta primera línea de financiación, los beneficiarios pueden ser profesionales autónomos, personas físicas, comunidades de propietarios, empresas privadas, entidades locales y entidades públicas vinculadas a ellas, administraciones de las comunidades autónomas y otras entidades públicas vinculadas a la Administración General del Estado.

En el caso del impulso a la infraestructura de recarga de vehículo eléctrico, claves en la electrificación del parque móvil y cuya cadena de valor está ampliamente desarrollada en España, MOVES II establece un límite de ayudas de 100.000 por destinatario último y convocatoria. Serán de un 30% o un 40% del coste subvencionable, dependiendo del tipo de beneficiario. En cuanto la financiación de los sistemas de préstamos de bicicletas eléctricas, el límite de 100.000 euros y el coste subvencionable será del 30%.
 

Respuestas de movilidad frente al COVID-19

La cuarta línea del programa está especialmente diseñada para favorecer que empresas y administraciones puedan ofrecer soluciones de movilidad en el contexto de la pandemia de COVID-19. Así, MOVES II apoya a las empresas para implantar planes de Transporte al trabajo que, junto con el teletrabajo y otras medidas de organización, les permitan ofrecer mayores alternativas de transporte seguro y sostenible a trabajadores y clientes en estos momentos.

Los ayuntamientos también podrán acudir a MOVES II para financiar iniciativas de fomento de desplazamientos individuales a pie y en bicicleta, en moto o en otros medios de desplazamiento unipersonal, a través de la implantación de sistemas de préstamos o la adaptación de carriles para estos usos, calmado de tráfico, establecimiento de espacios compartidos o ampliación de aceras y espacios públicos. De igual modo, se podrán emplear los fondos del programa para reforzar el transporte público, fomentando su uso como transporte seguro y sostenible. Entre otras acciones, MOVES puede apoyar medidas de integración multimodal,  carriles exclusivos, tarificación flexible y sencilla,  digitalización para dar información en tiempo real. También son financiables acciones para garantizar un reparto de última milla sostenible, mediante adaptaciones rápidas de la ciudad. 

El apoyo para la implantación de medidas de movilidad sostenible al trabajo y de las adaptaciones rápidas para responder a las necesidades de movilidad vinculadas al COVID-19 puede ascender hasta los 500.000 euros,  salvo que el órgano gestor en su convocatoria fije un límite inferior con base en el presupuesto asignado a la medida. La ayuda será del 40% del coste subvencionable para los destinatarios últimos de ayuda, salvo para aquellos destinatarios sin actividad comercial ni mercantil –como es el caso de los ayuntamientos-, en cuyo caso la ayuda será del 50%.

Las ayudas podrán ser cofinanciadas con recursos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y no son compatibles con otras ayudas, de cualquier otra administración,  que tengan la misma finalidad.

Las comunidades autónomas concretarán, en sus correspondientes órdenes, el reparto presupuestario entre las distintas actuaciones. No obstante, el Real Decreto establece que hasta el 70% podrá destinarse a la compra de vehículos alternativos; hasta un 50% podrá dirigirse a la implantación de puntos de recarga; y un mínimo de un 10% deberá dedicarse al incentivo de planes de trabajo o medidas adoptadas por los ayuntamientos como respuesta a las necesidades de movilidad asociadas a la crisis del COVID-19. 
 

Reparto de las ayudas

El programa MOVES II estará coordinado por el IDAE y gestionado por las comunidades y ciudades autónomas, que deberán realizar las convocatorias correspondientes en sus territorios. El criterio de reparto del presupuesto se ha consensuado con la Conferencia Sectorial de Energía, el órgano de coordinación entre el MITECO y las administraciones autonómicas en esta materia, y está basado en el Padrón de habitantes publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE). 

Impulso a proyectos singulares

El “Plan de Impulso a la cadena de valor de la Industria de la Automoción, hacia una movilidad Sostenible y Conectada” incorpora también la segunda edición de MOVES Singulares, destinado a la promoción de proyectos singulares de innovación industrial en el ámbito de la movilidad sostenible. 

Se prevé que, en 2020, MOVES Singulares, cuya tramitación ya se ha iniciado, duplique su presupuesto hasta los 30 millones de euros para apoyar proyectos de innovación en cadena de valor de la movilidad sostenible y el vehículo eléctrico, así como medidas que reduzcan el consumo de energía final y las emisiones de dióxido de carbono. En particular, se promoverá el desarrollo o innovación de nuevos procesos o prototipos de modelos de vehículos cero emisiones, la integración de infraestructura de recarga avanzada, redes inteligentes y vehículo eléctrico, y aplicaciones de nuevos desarrollos de baterías y almacenamiento eléctrico.

 A la primera edición de MOVES Singulares, dotado con 15 millones y que se encuentra actualmente en fase de evaluación de los expedientes, se han presentado 130 candidaturas por un importe total de ayuda solicitada de 64,5 millones de euros.  

Por otro lado, y entre otras actuaciones, el Plan del Gobierno de España para el también prevé la activación, entre 2021 y 2021, de un “Plan de despliegue de infraestructura de recarga de vehículo eléctrico”. En  concreto, se implementarán aquellos mecanismos normativos y de impulso que sean necesarios para la instalación acelerada de una infraestructura de recarga de primer nivel en España, con el objetivo de lograr los 50.000 puntos de recarga antes de 2023, en línea con el proyecto de ley de Cambio Climático y Transición Ecológica y el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030.

Entre otras medidas incorpora el desarrollo de mapa interactivo interoperable con ubicación y estado de los puntos de carga en vía pública, y se fija como objetivo garantizar la interoperabilidad y accesibilidad de la infraestructura de recarga y simplificar de la tramitación administrativa para la infraestructura de recarga. También incorporará medidas normativas para la instalación de infraestructura de recarga en determinados aparcamientos, así como en las estaciones de servicio con mayores ventas, así como para favorecer el despliegue de infraestructura de recarga en los municipios del país, estableciendo objetivos mínimos en función del número de habitantes del municipio.

Tabla de ayudas simplificada

Más información MOVES II

El Gobierno refuerza el sector del automóvil con un Plan dotado con 3.750 millones euros

16 junio 2020.- El Gobierno, con el apoyo de los sindicatos y las principales asociaciones de la industria de la automoción, ha presentado ayer, en un acto presidido por el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, el "Plan de Impulso a la cadena de valor de la Industria de la Automoción, hacia una movilidad Sostenible y Conectada".

El "Plan de Impulso a la cadena de valor de la Industria de la Automoción, hacia una movilidad Sostenible y Conectada" incluye 20 medidas de tipo económico, fiscal, normativo, logístico, de competitividad, de formación y cualificación profesional, de compra pública sostenible y de planificación estratégica que dan cobertura a toda la cadena de valor de la industria. Además, este Plan promueve una movilidad segura y sostenible en un contexto de cambios asociados a la descarbonización y de transformación digital.

El Plan cuenta con un presupuesto de 3.750 millones de euros e incluye medidas de impacto a corto plazo, que se implementarán y ejecutarán en este año 2020, y medidas estratégicas de medio plazo, que se implementarán y ejecutarán a partir del próximo año 2021 y que podrán ser financiadas con el apoyo de los fondos europeos para la recuperación.

Acceda al contenido íntegro de la noticia publicada en la página de Presidencia del Gobierno
 

BIMEP, empresa participada en un 75% por el EVE y un 25% por el IDAE. 

El prototipo de plataforma eólica marina flotante DemoSATH será una de las primeras instalaciones de este tipo en el mundo, abriendo camino a futuros parques eólicos precomerciales y comerciales marinos flotantes en España

El desarrollo de esta tecnología supone un impulso a las energías renovables marinas, claves de la recuperación verde para alcanzar la neutralidad climática

La firma de este contrato inicia los trabajos que culminarán, en el próximo año, con la instalación de un aerogenerador flotante en aguas del área de ensayos de BiMEP

12 de junio de 2020- La empresa pública BiMEP, dependiente del Gobierno Vasco a través del Ente Vasco de la Energía (EVE) con un 75% y participada en un 25% por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a través del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), ha firmado un acuerdo con la empresa de ingeniería SAITEC para desarrollar un proyecto piloto consistente en la instalación de una innovadora plataforma flotante con un aerogenerador marino de 2 MW.

La firma del contrato inicia los trabajos que finalizarán, en el próximo año, con la instalación de un aerogenerador flotante denominado “Proyecto Piloto DemoSATH” en aguas de la zona de ensayos de BiMEP, en condiciones marinas reales. La energía eléctrica generada se trasladará a tierra mediante las infraestructuras eléctricas submarinas y toda la energía será inyectada a la red de distribución.

El impulso de la energía eólica marina es clave en el proceso de transición hacia la neutralidad climática. Por ello, el proyecto de Ley de Cambio Climático da un impulso al desarrollo de energías renovables, y el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC) apuesta por el impulso de las energías del mar para reducir sus costes de generación mediante mecanismos de apoyo a instalaciones precomerciales y a la I+D+i de dispositivos de ensayos de nueva generación. Además, señala el elevado potencial de España en el sector de la energía eólica marina con tecnología flotante en el horizonte 2030 debido a su disponibilidad de aguas marinas profundas y a sus niveles de competitividad crecientes.

Tecnología puntera a nivel mundial

DemoSATH es el primer prototipo a escala real de una infraestructura eólica marina flotante conectada a red en España. El aerogenerador, que consta de una cimentación flotante de hormigón y un aerogenerador de 2 MW de potencia con unas dimensiones de 30 metros de manga y 67 de eslora, y se ubicará a 2 millas de la costa vasca en una zona de 85 metros de profundidad frente al puerto de Armintza.

Este tipo de tecnología flotante permite reducir la cantidad de material utilizado para la implantación de aerogeneradores marinos y utilizar técnicas de transporte por mar y montaje con logística marítima convencional. Además, el futuro despliegue de la eólica marina y otras energías del mar contribuirá a consolidar y potenciar la cadena de valor del tejido industrial asociado, que presenta sinergias con otros sectores estratégicos como la construcción naval, los astilleros, la ingeniería civil o las industrias electrointensivas.

El desarrollo de este prototipo ha contado con una ayuda de casi 2 millones de euros de fondos europeos bajo el programa HORIZON 2020, así como con el apoyo financiero de la Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial y del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), adscrito al Ministerio de Ciencia e Innovación.

La madurez de la tecnología flotante permitirá a España posicionarse en el sector de la energía eólica marina al superar uno de los principales inconvenientes técnicos de la península: la estrechez de su plataforma continental. Esto hace que, a partir de reducidas distancias de la costa, las profundidades marinas sean muy elevadas (el 92% de las áreas marinas en España hasta una distancia de 24 millas náuticas se encuentran a profundidades superiores a los 50 metros). La tecnología eólica flotante permitirá la instalación de aerogeneradores en emplazamientos más alejados de la costa que antes eran técnica y económicamente inviables.

Situación de la eólica en la UE y en el mundo

Europa ya es líder en potencia eólica marina a nivel mundial con 22 GW instalados a finales de 2019, frente a los 6 GW del resto del mundo. El desarrollo de este tipo de tecnologías puede suponer una gran oportunidad para la recuperación verde de España y de la Unión Europea. 

El Pacto Verde Europeo incluye en sus previsiones de desarrollo para alcanzar la neutralidad climática la importancia de aumentar la producción de energía eólica marina, el papel crucial que desempeñará la economía azul sostenible y la gestión de forma más sostenible del espacio marino, especialmente para facilitar el acceso a las energías renovables marinas. De hecho, el pacto prevé la publicación de una “Estrategia en materia de energía eólica marina”.

Además, el Plan Estratégico Europeo en Tecnologías Energéticas (SETPlan) contempla el objetivo de consolidar el liderazgo global de la Unión Europea en energía eólica marina, identificando el desarrollo de la eólica flotante como una de las acciones prioritarias para alcanzar dicha meta.

La tecnología de aerogeneradores flotantes es novedosa a nivel mundial. Existen pocas instalaciones en servicio en el mundo, con alrededor de 65 MW en total, y se encuentran en Noruega, Escocia, Francia, Japón y Portugal, por lo que el prototipo DemoSATH será una de las primeras instalaciones de tecnología eólica flotante del mundo, permitiendo a España, aún, ser líder de este mercado. Esto abrirá camino al desarrollo de futuros parques eólicos marinos flotantes precomerciales y comerciales.
 

Notas técnicas sobre el Proyecto Piloto DemoSATH (Ver "documentos adjuntos" en esta misma página)

Más información sobre la energía eólica marina

8 junio 2020.- En septiembre de 2020 se cierran las últimas convocatorias del Reto Social de Energía del Programa HORIZON 2020.

El 10 de septiembre tiene previsto su cierre la convocatoria de Eficiencia Energética que cuenta con un presupuesto total de 64 M€. En esta convocatoria se contemplan proyectos de demostración (“Innovation Actions”) y de introducción de tecnología en el mercado (“Market Uptake”-CSA) en las siguientes áreas:

Edificios

Formación

Consumidores

Autoridades Públicas

Financiación Innovadora

Mas información sobre la convocatoria de Eficiencia Energética

Además, el 1 de septiembre, otras cinco áreas del Reto Social de Energía, tienen previsto su cierre. Estas áreas cuentan en total con un presupuesto de 83 M€, e incluyen acciones de Investigación e Innovación (RIA), así como proyectos de demostración (IA) en:

Energías Renovables (RES)

Sistemas Inteligentes centrados en el consumidor (ES)

Acciones transversales (CC)

Emisiones de CO₂ casi nulas en plantas de energías de combustibles fósiles e industrias intensivas en carbono (NZE)

Ciudades y Comunidades Inteligentes (SCC)

Más información sobre la convocatoria del 1 de septiembre 

Acceda al Programa de Trabajo del Reto de Energía actualizado al 25/03/2020

Mayo, 2020.- El Cuaderno de la Energía nº 62, editado por el Club Español de la Energía, Deloitte y Garrigues, está estructurado en tres bloques principales. Un primer bloque de temas globales e internacionales, con un total de siete trabajos (los dos primeros más centrados en Europa); un segundo bloque nacional; y un tercero sobre tecnologías e innovación.

Joan Groizard, Director General del IDAE, desarrolla el artículo, titulado “Consumidores activos de energía, palancas clave para una economía moderna y eficiente en la UE”. En él hace un repaso de los diversos factores, más allá de los sucesivos paquetes europeos, que aconsejan situar al consumidor en el centro del sistema energético. Además, analiza el caso particular de España y, más en concreto, las medidas específicas orientadas a la participación ciudadana dentro del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC). Para concluir, profundiza en las figuras dentro de la categoría de comunidades energéticas, algunos ejemplos de actuaciones consideradas como comunidades energéticas en nuestro país y cuáles serían los próximos pasos para su desarrollo.

También podrá encontrar en esta revista los artículos:

Transición energética: Una oportunidad para una fortaleza industrial sostenible. Emiliano López Atxurra, Presidente de Petronor y Tecnalia 

Decodificando nuevas señales de cambio. Resumen del World Energy Issues Monitor 2020. Olalla del Río Barrio, Secretaria General del Comité Español del Consejo Mundial de la Energía (CECME), Ana Padilla Moreno, Coordinadora de Proyectos. Secretaría Técnica del CLUB ESPAÑOL DE LA ENERGÍA 

El modelo concesional portugués para las redes de baja tensión: Una actualización del proceso de licitación. Oliverio Álvarez Alonso, Socio responsable y Arturo Hernández Montes, Gerente. Área de regulación técnico-económica de la industria de Energía, Infraestructuras, Telecomunicaciones y Gobierno (EITG). Deloitte 

International Experiences to Promote Solar PV Self-consumption. Difficulties and Lessons. Roberto Álvaro-Hermana, Macarena Larrea Basterra, Maider Bilbao Ozamiz, Ormazabal, Deusto Business School, Universidad de Deusto. Orkestra-Fundación Deusto.

Influencia de las decisiones políticas en los mercados del uranio en 2019. Sergio de María, Responsable de Aprovisionamiento de Uranio y Analista de Mercados en ENUSA 

El Mercado de Emisiones de CO₂ en 2019 (y principios de 2020). Ismael Romeo, Director de SENDECO2

Observatorio sobre el rol de la mujer en las empresas del sector energético 2018. Mercedes Jul Sánchez, Responsable del Área de Estudios y María Romera Martínez, Directora. AEMENER (Asociación Española de Mujeres de la Energía)

MIBGAS: Evolución de una pieza clave en el desarrollo del mercado del gas. Raúl Santamaría Álvarez, Managing Director y Laura Achútegui Rodríguez, Head of Back Office & Regulatory Affairs. MIBGAS

El papel de los biocombustibles avanzados en la transición energética. Una visión desde la industria de refino y petroquímica. Carlos Alberto Prieto Velasco, María Ángeles Romero Vázquez, Marta Bregua de la Sotilla y Juana Frontela Delgado.

Centro de Investigación de CEPSA

#eCity: Ciudad Sostenible. Rafael Sánchez Durán, Director de RRII ENDESA en Andalucía y Extremadura, Ceuta y Melilla

La captura y uso del CO2 Análisis estratégico, técnico y económico. Vicente Cortés, Presidente de Inerco Corporación Benito Navarrete y Fernando Vega, Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Sevilla

El Cuaderno de Energía nº 62 está disponible para su descarga en formato PDF en www.enerclub.es
 

21 mayo 2020.- La Comisión Europea ha abierto una consulta pública para dar forma a una nueva convocatoria de propuestas de HORIZON 2020 que tendrá como objetivo reforzar la investigación y la innovación relacionadas con el Pacto Verde Europeo. La consulta estará abierta hasta el 3 de junio.

Se prevé que a mediados del mes de septiembre se publique la convocatoria de propuestas, que contará con un presupuesto de 1.000 millones €. 

El Pacto Verde Europeo movilizará la investigación y la innovación para fomentar una transición social justa y sostenible con el objetivo de "no dejar a nadie atrás".

Se espera que los proyectos entreguen resultados tangibles y visibles con relativa rapidez y muestren cómo la investigación y la innovación pueden proporcionar soluciones concretas para las principales prioridades del Pacto Verde Europeo.

La convocatoria busca apoyar:

aplicaciones piloto, proyectos de demostración y productos innovadores

innovación para una mejor gobernanza de la transición verde y digital

innovación social y de la cadena de valor

Además del desarrollo tecnológico y de la demostración, la convocatoria fomenta la experimentación y la innovación social de nuevas formas de involucrar a la sociedad civil y empoderar a los ciudadanos.

En relación con la pandemia actual, la convocatoria contribuirá a la recuperación verde y digital y al aumento de la resiliencia social, por ejemplo, en la agricultura, la aceleración de la biodiversidad de las energías renovables, el transporte limpio y la modernización hacia una industria limpia y circular.

La Convocatoria está estructurada en 11 áreas: 8 temáticas y 3 horizontales. Puede dar su opinión en cada una de las áreas y obtener más información en la página de la Comisión Europea European Green Deal call

El texto articula la respuesta país al desafío del cambio climático, orienta la acción integrando objetivos y herramientas y minimiza impactos negativos para la economía, la sociedad y los ecosistemas

En un contexto de reactivación de la economía frente al COVID-19, el proyecto posiciona a España para que aproveche las oportunidades que abre la transición ecológica en términos de modernización de la economía, de una nueva reindustrialización, de generación de empleo y de atracción de inversiones

Es un proyecto necesario para articular el resto de políticas y medidas. Debe servir de marco institucional, de referente para dar certidumbre y estabilidad a todos los actores, públicos y privados, y a movilizar la acción climática

Se trata de un texto ampliamente participado, que da respuesta, por un lado, a las demandas generales de la sociedad ante la respuesta a la emergencia climática, y por otro, a las sugerencias y alegaciones que se han ido recibiendo en su proceso de elaboración

19/05/2020.- A propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), el Consejo de Ministros ha remitido a las Cortes, hoy, martes 19 de mayo, el primer proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética (PLCCTE). Con ello, se inicia la tramitación parlamentaria del primer proyecto legislativo para que España alcance la neutralidad de emisiones no más tarde de 2050, en coherencia con el criterio científico y las demandas de la ciudadanía.

Ante la emergencia climática, España fija por ley sus objetivos nacionales de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero a 2030 en un 20% respecto a los niveles de 1990. Este objetivo supone un aumento de la ambición española en materia de clima, en un año clave para la agenda climática y el Acuerdo de París. Con ello, España se alinea con el aumento de ambición que se ha marcado la Unión Europea (UE) para ese año y responde al Acuerdo de París, que establece que los países deben aumentar su ambición en materia de reducción de emisiones en 2020. De esta manera, España favorecerá que Europa siga impulsando, como lo hace desde 1990, la necesaria acción conjunta de todos los países para avanzar lo antes posible, en la transición global hacia una economía neutra en carbono a través del marco multilateral que ofrece la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.

El objetivo final de la ley es que España alcance, “a más tardar en el año 2050” la neutralidad de emisiones, es decir, antes de llegar a mitad de siglo el país solo emitirá la cantidad de gases de efecto invernadero (GEI) que sus sumideros puedan absorber. Se fija así por ley que España se adelante al cumplimiento del Acuerdo de París en este punto, que obliga a los Estados a ser neutrales en emisiones en la segunda mitad de siglo, y refuerza su compromiso con la UE, que también se ha marcado alcanzar la neutralidad en 2050. De igual modo, el Gobierno da respuesta a la petición del Congreso de los Diputados que, en una moción aprobada por mayoría absoluta el pasado año, instó al Ejecutivo a activar políticas transversales en todas sus acciones para alcanzar la neutralidad climática no más tarde de 2050.

El proyecto de ley articula la respuesta transversal del país al desafío del cambio climático, al que España es especialmente vulnerable, basada en principios de desarrollo sostenible, justicia social, resiliencia, precaución y no regresión de los avances logrados, protección y promoción de la salud pública, mejora de la competitividad de los sectores productivos y cooperación entre Administraciones.

En un contexto de reactivación de la economía frente al COVID-19, el proyecto facilita las señales adecuadas para aprovechar todas las oportunidades en términos de modernización de la economía, de la industria, de la generación de empleo y de la atracción de inversiones que abre el tránsito hacia una prosperidad inclusiva y respetuosa con los límites del planeta. Lo hace en línea con el Pacto Verde Europeo, que será uno de los ejes del marco de recuperación que ultima la Comisión Europea.

La ley tiene como objeto facilitar que la economía española sea neutra en emisiones antes de mitad de siglo y recoge en un texto legal, por primera vez, la necesidad de emprender políticas públicas de adaptación al cambio climático. Todo ello para promover la implantación de un modelo de desarrollo sostenible que genere empleo decente, articule instrumentos para atender a los colectivos vulnerables, favorezca ciudades y pueblos más habitables y saludables, fomente el desarrollo rural y proteja la biodiversidad.

El PLCCTE incorpora a todos los sectores económicos a la acción climática, desde la generación de energía y las finanzas a los sectores primarios, pasando por el transporte, la industria o las administraciones públicas. Su contribución conjunta y transversal, a lo largo de las próximas décadas, será decisiva para alcanzar el objetivo de neutralidad climática y les permitirá adaptarse a la nueva revolución industrial asociada a la economía baja en carbono, que ya está en marcha.

“Este texto sitúa la lucha contra el cambio climático y la transición energética en el centro de la acción de las Administraciones Públicas. Se trata de un proyecto de país, responsable con nuestro presente, nuestra salud, nuestra calidad de vida, nuestro modelo de prosperidad y, sobre todo, nuestro futuro”, ha señalado la vicepresidenta cuarta del Gobierno de España y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera.

“En un momento en el que tenemos que abordar el proceso de recuperación frente al COVID-19, la transición energética se va a convertir en una fuerza motriz determinante para generar actividad económica y empleo a corto plazo, y hacerlo de forma coherente con lo que necesitaremos como país en el medio y en el largo plazo. Hemos identificado los objetivos y las herramientas, se ha diseñado una planificación robusta, contamos con la certeza de que la transición energética tendrá impactos positivos sobre nuestra economía y nuestro bienestar, y sabemos que pueden empezar a materializarse de forma inmediata. Este proyecto otorga, por fin, un marco institucional a la acción que nos pide la Ciencia y la gente, y llega en un momento en el que es más necesario que nunca”, ha añadido.

El texto consta de 36 artículos distribuidos en nueve títulos. Es fruto de un proceso de participación pública y revisión iniciado en febrero de 2019 y que ha contado con las aportaciones del Consejo Asesor del Medio Ambiente, el Consejo Nacional del Clima, la Comisión de Coordinación de Políticas de Cambio Climático, la Conferencia Sectorial con las Comunidades Autónomas, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y el Consejo de Estado, entre otras instituciones.

OBJETIVOS PARA LA NEUTRALIDAD CLIMÁTICA

El texto fija los siguientes objetivos, que solo podrán ser revisados al alza:

Determina, por primera vez, que España deberá alcanzar la neutralidad climática no más tarde de 2050. 

Antes de mitad de siglo, el sistema eléctrico de España tiene que ser 100% renovable.

Para ello, en 2030, las emisiones del conjunto de la economía española deberán reducirse en al menos un 20% respecto al año 1990. Se trata de un objetivo coherente con el aumento de ambición que se ha fijado la Comisión Europea: una reducción en 2030 de entre el 50% y el 55% de las emisiones respecto a los niveles de 1990.

Al finalizar la próxima década, como mínimo 35% del consumo final de la energía deberá ser de origen renovable. En el caso del sistema eléctrico, la presencia renovable en 2030 deberá ser de al menos un 70%.

Las medidas de eficiencia energética tendrán que reducir el consumo de energía primaria en, al menos, un 35%.

HERRAMIENTAS DE ACCIÓN CLIMÁTICA

Los objetivos del PLCCTE se implementarán a través de los sucesivos Planes Nacionales de Energía y Clima (PNIEC). El primero de ellos, para el periodo 2021-2030, diseña una trayectoria que permitirá reducir las emisiones en un 23% respecto a 1990 al finalizar la presente década, duplicando el porcentaje de renovales en el consumo final, hasta un 42%. La presencia de energías limpias en el sistema eléctrico llegará hasta 74%  y la eficiencia mejorará en un 39,5%.

Según los modelos del PNIEC 2021-2030, la transición ecológica atraerá más de 200.000 millones de euros de inversión en los próximos diez, generando entre 250.000 y 350.000 empleos netos anuales. La movilización de inversiones, el ahorro de energía y una mayor presencia de renovables –la fuente más barata–, permitirán que el Producto Interior Bruto (PIB) aumente en torno un 1,8% en 2030, respecto de un escenario sin medidas. En concreto, entre los 16.500 y los 25.700 millones de euros.

Además de con los sucesivos PNIEC, la senda de descarbonización del país se proyectará a través de la Estrategia a Largo Plazo 2050, cuya primera versión ultima el Gobierno. Y junto a estos instrumentos de planificación, el PLCCTE diseña un marco de gobernanza para reforzar la participación. De un lado, se crea el Comité de Expertos de Cambio Climático y Transición Energética, cuyas recomendaciones y evaluación se plasmarán en un informe anual que se debatirá en el Congreso de los Diputados. Y, de otro, el texto establece que los planes, programas, estrategias, instrumentos y disposiciones de carácter general que se adopten en la lucha contra al cambio climático se llevarán a cabo bajo fórmulas que garanticen la participación de los agentes sociales y económicos, y del público.

Además, a partir del 31 de diciembre de 2021 las comunidades autónomas deberán informar en la Comisión de Coordinación de Políticas de Cambio Climático de todos sus planes de energía y clima en vigor.

RENOVABLES Y EFICIENCIA, PALANCAS DE REACTIVACIÓN

La eficiencia energética y la progresiva penetración de energías renovables en el mix energético español constituyen palancas de reactivación económica en el corto plazo y, al tiempo, posibilitan la consolidación de la cadena de valor asociada a su despliegue. Son, además, los pilares de la descarbonización, ejerciendo una acción tractora sobre el resto de sectores, al tiempo que mejoran la competitividad empresarial e industrial gracias a una senda de precios descendente. Permiten, a su vez, empoderar al ciudadano, situándolo en centro del sistema energético.

El proyecto incorpora medidas para facilitar su integración, ofreciendo señales claras que otorguen confianza a los inversores. Entre otras disposiciones, crea la figura del titular de almacenamiento como sujeto del sistema eléctrico. Con ello, se favorece la implantación y el desarrollo de estas tecnologías, claves en la gestión de la demanda eléctrica y la seguridad de suministro en un sistema eléctrico 100% renovable. Se trata, además, de un segmento industrial en el que Europa, y España, aspiran a adquirir posiciones de liderazgo.

De igual modo, se instituye la figura del agregador independiente, que participará en el mercado comprando o vendiendo diferentes consumos agregados o electricidad generada de consumidores, productores o instalaciones de almacenamiento. Se trata de un nuevo modelo de negocio que, además, posibilita al usuario una mayor optimización de su consumo o de la energía que produce en instalaciones de autoconsumo.

Para favorecer la flexibilidad del sistema, se impulsa la hibridación, es decir, que se incorporen distintas tecnologías de generación en una misma instalación, incorporando paneles solares en una planta eólica, por ejemplo. En estos casos, se podrá evacuar la energía utilizando el mismo punto de conexión y la capacidad de acceso ya concedida, siempre que se cumpla con los requisitos técnicos.

También se contempla la repotenciación de las instalaciones, que podrán aumentar su potencia instalada hasta alcanzar la máxima que se le permite verter a la red. De esta manera, se optimiza el uso del recurso renovable de los mejores emplazamientos, minimizando costes e impacto ambiental. En esta misma línea, el proyecto prioriza las centrales hidroeléctricas reversibles en el caso de nuevas concesiones para producir electricidad en dominio público hidráulico.

NUEVO MARCO RETRIBUTIVO PARA RENOVABLES

Con el objeto de acompasar la introducción de renovables en el sistema, el texto prevé que el Gobierno desarrolle un nuevo marco retributivo para la generación renovable, basado en el reconocimiento a largo plazo de un precio fijo por la energía. Con ello, se ofrece previsibilidad y estabilidad en los ingresos al sector y se traslada a los consumidores, de forma directa, los ahorros asociados al despliegue de estas energías, que son la fuente más barata.

El nuevo marco retributivo se otorgará mediante subastas en las que el producto a subastar será la energía eléctrica, la potencia instalada o una combinación de ambas, y la variable sobre la que se ofertará será el precio de retribución de dicha energía. Se podrá distinguir entre distintas tecnologías de generación en función de sus características técnicas, niveles de gestionabilidad, criterios de localización, madurez tecnológica y aquellos otros que garanticen la transición hacia una economía descarbonizada, de acuerdo con la normativa comunitaria.

En la misma línea, el PLCCTE determina que los Presupuestos Generales del Estado destinen al fomento de energías renovables un importe equivalente a la suma de la estimación de la recaudación anual derivada de los tributos incluidos en la Ley de medidas fiscales para la sostenibilidad energética.

Por otro lado, los agentes claves para el funcionamiento del sistema energético -operador del mercado, operador del sistema, transportista y distribuidoras- elaborarán estrategias de descarbonización en sus respectivos ámbitos para una mejor planificación y anticipación. Y, en este mismo sentido, el Operador del sistema eléctrico, el Gestor Técnico del sistema gasista y la Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH) presentarán, cada dos años, un informe que evalúe los riesgos y oportunidades de la descarbonización.

LA REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS, CLAVE EN LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

En cuanto a la eficiencia energética, las principales medidas se concentran en el ámbito de la rehabilitación energética de edificios, otro segmento clave en la reactivación económica que, además, es un pilar de la lucha contra la pobreza energética. De acuerdo con el proyecto, el Gobierno promoverá y facilitará el uso eficiente de la energía y el uso de fuentes renovables en la edificación, alineando la Estrategia a largo plazo para la renovación de edificios con los objetivos de los sucesivos PNIEC.

Para atraer recursos hacia las acciones de eficiencia energética, el proyecto amplía hasta 2030, de acuerdo con lo previsto en la nueva Directiva de Eficiencia Energética, el Fondo de Eficiencia Energética, que ha permitido movilizar más de 1.000 millones de euros en los últimos cinco años.

HACIA LA MOVILIDAD SOSTENIBLE

El sector de la movilidad y el transporte está en disposición de posicionar toda su cadena de valor en espacios de liderazgo de los nuevos modelos de movilidad, aprovechando las oportunidades que abre la realidad económica y social sin emisiones. Al respecto, el proyecto plantea un marco de descarbonización progresiva que favorece la adaptación industrial y tecnológica, y abre nuevas oportunidades de negocio.

En este sentido, el conjunto de las Administraciones Públicas –Administración General del Estado, comunidades autónomas y entidades locales– podrán en marcha medidas que posibiliten en 2050 un parque de turismos y vehículos comerciales ligeros sin emisiones directas de CO2. Para ello, de acuerdo con la normativa europea, adoptarán medidas necesarias para que los turismos y vehículos comerciales ligeros nuevos, excluidos los matriculados como vehículos históricos, no destinados a usos comerciales, reduzcan paulatinamente sus emisiones, de modo que no más tarde del año 2040 sean vehículos con emisiones de 0gCO2/km. A tal efecto, previa consulta con el sector, se pondrán en marcha medidas que faciliten la penetración de estos vehículos, incluyendo apoyo a la I+D+i.

Asimismo, el PLCCTE subraya el papel de las ciudades en la consecución de los objetivos de Clima, favoreciendo con ello la creación de espacios más habitables y saludables, con una calidad del aire mejorada. En este sentido, establece que los municipios de más de 50.000 habitantes y los territorios insulares introducirán, en la planificación de ordenación urbana, medidas de mitigación que permitan reducir las emisiones derivadas de la movilidad, incluyendo la implantación de zonas de bajas emisiones no más tarde de 2023; acciones para facilitar los desplazamientos a pie, en bicicleta u otros medios de transporte activo; y la mejora y fomento del uso de la red de transporte público. También se deberá impulsar la movilidad eléctrica compartida y el uso de medios de transporte eléctricos privados.

El proyecto concreta que cualquier medida que suponga una regresión de las zonas de bajas emisiones ya existentes deberá contar con el informe previo del MITECO y del órgano autonómico competente en materia de protección del medio ambiente. De igual modo, indica que las comunidades autónomas insulares, considerando su vulnerabilidad frente al cambio climático, podrán instar al Estado el establecimiento de medidas de promoción de movilidad limpia, consistentes en restricciones en su ámbito territorial de la circulación de turismos y furgonetas, de acuerdo con la normativa comunitaria.

PROGRESIVA IMPLANTACIÓN DE PUNTOS DE RECARGA

Para activar la descarbonización de la movilidad por carretera, que es el segmento que más energía consume de todo el sector de transporte, y facilitar que la cadena de valor aproveche las oportunidades que abre la movilidad sostenible, la ley potenciará el desarrollo de las infraestructuras de recarga eléctrica en todo el territorio nacional.

En este sentido, el PLCCTE programa, con la suficiente antelación, la instalación progresiva de puntos en las estaciones de servicio con mayor volumen de venta, que representan en la actualidad el 10% de la red. Por otro lado, con el fin de conseguir un transporte más limpio en las ciudades, el Código Técnico de la Edificación (CTE), articulará la instalación de sistemas de recarga en edificios de nueva construcción, en intervenciones en edificios existentes y en los edificios de uso distinto al residencial privado que cuenten con una zona de uso aparcamiento con más de veinte plazas. En este último caso, el proyecto dispone que deberán cumplir con lo que disponga el CTE antes del 1 de enero de 2025.

Además, el Gobierno habilitará un Punto de Acceso Nacional de información sobre puntos de recarga en tiempo real.

En cuanto al transporte aéreo, el proyecto habilita al Gobierno a establecer objetivos anuales de suministro de biocarburantes, con especial énfasis en los biocarburantes avanzados y otros combustibles renovables de origen no biológico. Y, en el caso del transporte marítimo, se adoptarán medidas de modo que se logren las cero emisiones directas en los puertos de competencia del Estado para 
2050. Para ello, se promoverán medidas de impulso al transporte ferroviario con origen y destino en puertos, el desarrollo de Autopistas del mar y el estímulo al uso de energías alternativas en el transporte marítimo, entre otras.

DESINVERSIÓN EN PRODUCTOS ENERGÉTICOS DE ORIGEN FÓSIL

El PLCCTE fomenta, a través de planes específicos, el uso de gases renovables, incluyendo el biogás, el biometano, el hidrógeno. En paralelo, y con el objeto de reorientar los recursos hacia una prosperidad respetuosa con los límites del planeta, la aplicación de nuevos beneficios fiscales a productos energéticos de origen fósil deberá estar debidamente justificada por motivos de interés social, económico o atendiendo a la inexistencia de alternativas tecnológicas.

El texto habilita al Consejo de Ministros a aprobar un calendario para la revisión de las ayudas existentes, consultando a los sectores implicados. También se elaborará un estudio del estado de situación y una propuesta de calendario para que la Administración se desprenda de activos en empresas o entidades que incluyan la extracción, refinado o procesado de productos energéticos de origen fósil en su actividad.

Por otro lado, a partir de la entrada en vigor de la futura ley, no se otorgarán nuevas autorizaciones de exploración, permisos de investigación o concesiones de explotación de hidrocarburos en todo el territorio nacional. Tampoco se autorizará la fracturación hidráulica de alto volumen, el ‘fracking’.
En cuanto a las instalaciones en activo, cinco años antes de que expire su concesión deberán presentar ante el MITECO un informe que refleje el potencial de reconversión de las instalaciones o de la ubicación para otros usos, incluida la energía geotérmica, o la instalación de energías renovables.

RECURSOS PARA LA LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO

El proyecto establece que un porcentaje de los Presupuestos Generales del Estado se destinará a contribuir a los objetivos en materia de cambio climático y transición energética. La cantidad será equivalente a la que se acuerde en el Marco Financiero Plurianual de la Unión Europea y será revisada al alza por el Gobierno antes de 2025.

Los ingresos procedentes de las subastas de derechos de emisión de gases de efecto invernadero también serán empleados para el cumplimiento de los objetivos en materia de cambio climático. En concreto, al menos 450 millones se destinarán cada año a financiar los costes del sistema eléctrico referidos al fomento de las energías renovables. Hasta el 30% se podrá destinar a medidas con incidencia social, para paliar situaciones provocadas por la transición hacia una economía descarbonizada, o relacionadas con la vulnerabilidad a los impactos del cambio climático.

De igual modo, y como parte de la movilización de recursos hacia la acción climática, se incorporarán criterios ambientales en la contratación pública, y la Administración General del Estado no podrá prorrogar contratos de arrendamientos más allá de 2030 en inmuebles que no tengan consumo de energía casi nulo.

Como herramienta de aprendizaje y transparencia que ayuden a mejorar las decisiones de inversión, el PLCCTE dispone que las empresas cotizadas, entidades de crédito, aseguradoras y reaseguradoras elaboren un informe anual sobre la exposición de su actividad a los riesgos del cambio climático y las medidas que se adopten. Además, las entidades financieras publicarán objetivos específicos de descarbonización de su cartera de préstamo e inversión alineados con el Acuerdo de París a partir de 2023.

En este mismo sentido, el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones elaborarán conjuntamente, cada dos años, un informe sobre la evaluación del riesgo para el sistema financiero español derivado del cambio climático y de las políticas para combatirlo. Será remitido al Congreso de los Diputados.

CONSTRUIR UN PAÍS MÁS SEGURO Y BIODIVERSO

La adaptación a los impactos del cambio climático pasa, por primera vez, a tener reconocimiento en una Ley. Se trata de un campo de actuación que abre oportunidades de activación económica y empleo, a corto, medio y largo plazo, especialmente en las zonas rurales. A través del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC), actualmente en información pública, se implementará un sistema de indicadores para evaluar las políticas públicas y medidas que se adopten en los diferentes sectores. 
Además, el PLCCTE establece que se trabajará en la integración de los riesgos derivados del cambio climático en la planificación y gestión del agua y de la costa, en las infraestructuras del transporte, en la ordenación del territorio y de los usos del suelo y en la seguridad alimentaria. En particular, se reconoce la relevancia de la política agraria común, la de desarrollo rural y la política forestal tanto para la sostenibilidad y desarrollo del sector productivo primario como para alcanzar la neutralidad climática. Por ello, se incorporan medidas encaminadas a reducir la vulnerabilidad al cambio climático de los suelos agrícolas, de los montes y de los suelos forestales, entre ellas, la elaboración de un mapa de vulnerabilidad.

Por otro lado, las Administraciones Públicas deberán incentivar la participación de los propietarios y gestores públicos y privados, especialmente los del sector agrario y forestal, en el aumento de su capacidad de captación de CO2 de los sumideros de carbono, igualmente claves para la neutralidad. Con ello, se fomentan sus cobeneficios como motor de desarrollo y generación de empleo.
Por último, se prevén medidas para la protección de la biodiversidad y sus hábitats frente al cambio climático y la elaboración de una estrategia específica que incluirá las directrices básicas para la adaptación de los ecosistemas naturales y de las especies silvestres españolas, así como las líneas básicas de restauración y conservación de los mismos, con especial referencia a los ecosistemas acuáticos o dependientes del agua y de alta montaña. La red de espacios protegidos Natura 2000, que en España ocupa cerca de un 30% de la superficie, también tendrá que evaluarse y responder a los nuevos escenarios climáticos.

NEUTRALIDAD CLIMÁTICA SIN DEJAR A NADIE ATRÁS

La transición a una economía descarbonizada ofrece un amplio espectro de oportunidades de inversión y de empleo pero, al mismo tiempo, requiere de medidas que faciliten una transición justa para los colectivos y áreas geográficas más vulnerables. A tal efecto, y cada cinco años, el Gobierno ha de aprobar una Estrategia de Transición Justa con la participación de las Comunidades Autónomas y los agentes sociales. En su marco, se desarrollarán los convenios de transición justa en cada zona, con el objeto fomentar la actividad económica y la empleabilidad en el territorio, especialmente, en casos de cierre o reconversión de instalaciones. Entre otras cuestiones, incluirán un calendario para la adopción de las medidas, con objetivos medibles y mecanismos de seguimiento.

EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO

El sistema educativo español reforzará el conocimiento sobre este desafío global y las capacitaciones para actividades técnicas y profesionales de la economía baja en carbono y resiliente. Se revisará el tratamiento del cambio climático en el currículo básico de la educación formal y no formal, y se impulsará la formación del profesorado.

Al tiempo, el Gobierno promoverá que las universidades revisen del tratamiento del cambio climático en los planes de estudios en los que proceda y mantendrá permanentemente actualizado el Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales, así como el catálogo de ofertas formativas en el ámbito de la Formación Profesional, para favorecer la capacitación de perfiles profesionales vinculados a la sostenibilidad medioambiental y del cambio climático.

Por otro lado, se promoverá una financiación adecuada de las prioridades en materia de investigación, desarrollo e innovación de cambio climático y transición energética que se incluyan en las sucesivas Estrategias españolas de Ciencia y Tecnología y de Innovación.

REFORZAR LA GOBERNANZA CLIMÁTICA 

Finalmente, la Ley sigue con el ejemplo de los países de nuestro entorno en cuanto a la creación de un marco de gobernanza que refuerce nuestro sistema. Destaca la creación de un Comité de Expertos de cambio climático y transición energética, de carácter independiente, responsable de evaluar y hacer recomendaciones sobre las políticas y medidas de energía y cambio climático, incluidas las normativas. Elaborará anualmente un informe que será remitido al Congreso de los Diputados y sometido a debate en el mismo, con la participación del Gobierno.