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La convocatoria, gestionada por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), se inscribe en la línea de ayudas de 316 millones de euros que el MITECO ha puesto en marcha para impulsar instalaciones renovables en España

Se prevé que, en conjunto, esta convocatoria movilice una inversión de 36,46 millones de euros y evite la emisión de 46.768 toneladas equivalentes de CO2 al año

Entre los criterios de adjudicación de las ayudas, se valorará que los proyectos tengan en cuenta aspectos vinculados a Transición Justa o Reto Demográfico, entre otros

El total, Castilla y León dispondrá de 20 millones de euros; los 7 restantes corresponderán a otra convocatoria para proyectos de producción eléctrica mediante el uso de renovables

01/12/2020.- El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de la Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO), ha acordado autorizar al Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) a aprobar la Primera Convocatoria de Ayudas a la Inversión a proyectos de energías renovables para la producción de energía térmica en la Comunidad de Castilla y León con importe presupuestario de 13 millones de euros.

En total, la Comunidad de Castilla y León dispondrá de 20 millones euros. De ellos, 13 millones se destinarán a la convocatoria que ahora aprueba el Consejo de Ministros, mientras que los 7 restantes serán tramitados en próximas fechas e irán vinculados a otra convocatoria para proyectos de producción eléctrica mediante el uso de energías renovables.

Se prevé que, en conjunto, esta convocatoria movilice unos 36,46 millones de euros en inversiones asociadas a proyectos que, además de suponer un impulso para la reactivación económica, contribuirán a la diversificación de las fuentes de energía primaria, a la reducción de la dependencia energética y evitarán la emisión de 46.768 toneladas equivalentes de CO₂ al año (t eq. CO₂/año), en línea con los objetivos marcados por el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030 y por el proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética.

Por tecnologías, la distribución del reparto inicial acordado con la Junta de Castilla y León se llevará a cabo del siguiente modo:

Criterios de transición justa y reto demográfico

Tras haber acordado con la Junta de Castilla y León un reparto entre tecnologías adaptado a las necesidades de la región, el IDAE realizará la correspondiente convocatoria de ayudas que se otorgarán mediante régimen de concurrencia competitiva.

En cuanto a la valoración de los proyectos, se han establecido criterios vinculados a transición justa, reto demográfico, generación de empleo, innovación, lucha contra la pobreza energética, impulso a sectores industriales estratégicos locales o apoyo a la participación ciudadana, como el impulso a las comunidades energéticas locales.

La convocatoria irá dirigida a personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que planeen llevar a cabo un proyecto acorde con estas especificaciones. También podrán solicitar estas subvenciones comunidades de bienes, comunidades de propietarios, grupos de comunidades de propietarios y otras agrupaciones que puedan llevar a cabo las actuaciones a las que se destinan las ayudas.

316 millones para proyectos renovables

La convocatoria se inscribe en la línea de ayudas dotada con 316 millones de euros que el MITECO puso en marcha a través IDAE para impulsar instalaciones de renovables para la producción de energía, tanto térmica como eléctrica, en todo el territorio nacional.

Hasta el momento se han aprobado -y están operativas- las convocatorias en 16 de las Comunidades y Ciudades Autónomas.

Estas líneas contribuirán a la consecución de los objetivos que se ha fijado España en esta materia: duplicar el consumo de energía renovable en 2030 y alcanzar un sistema energético neutro renovable que permita que el país sea climáticamente neutro a mediados de siglo. Estas ayudas están alineadas con las prioridades marcadas por la Unión Europea en el marco de la reactivación económica frente al COVID 19.

Las ayudas, financiadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), se ejecutan mediante convocatorias realizadas por el IDAE en cada comunidad autónoma, con especificidad para las islas, y con reparto de recursos y condiciones consensuados con los distintos territorios, de acuerdo a criterios y tipologías incluidos en las bases reguladoras. Se trata de ayudas a fondo perdido que se rigen por el principio de concurrencia competitiva con objeto de optimizar al máximo la aplicación de las mismas.

Se trata de la segunda convocatoria del programa SOLBAL, que ya facilitó la instalación de 326 MW en una primera convocatoria el pasado mes de marzo del año 2019.

Serán cofinanciados por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), con una aportación de 20,7 millones en subvenciones que movilizarán una inversión privada adicional de unos 73 millones de euros, generando empleo local y contribuyendo a eliminar más de 65.000 toneladas equivalentes de CO₂ al año

Las ayudas se inscriben en los programas de estímulo de renovables en sistemas eléctricos insulares que, por sus particularidades geográficas, presentan barreras para la integración de estas tecnologías

24/11/2020.- El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), ha acordado autorizar al Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) la segunda convocatoria de ayudas “SolBal” para 2020, que destinará 20,7 millones de euros a impulsar las instalaciones de energía solar fotovoltaica en el archipiélago de las Illes Balears.

Con “SolBal 2” se prevé la entrada en funcionamiento de 120 megavatios (MW) de potencia renovable en la comunidad autónoma entre 2021 y 2022. El programa será cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), destinado a fortalecer la cohesión económica y social en la Unión Europea, corrigiendo los desequilibrios que existen entre sus regiones.

Los 20,7 millones de euros en subvenciones movilizarán una inversión privada adicional de unos 73 millones, generando empleo local; y eliminará más de 65.000 toneladas equivalentes de CO₂ al año (t eq. CO₂/año), contribuyendo a la lucha contra el cambio climático.

Esta convocatoria se enmarca en las acciones dirigidas a la descarbonización de los territorios insulares, a la reducción de su dependencia del petróleo y, en definitiva, hacia el cumplimiento del objetivo de neutralidad climática para el año 2050. Mediante estas ayudas, se incentiva la instalación de energías renovables en aquellos territorios en los que, por sus particularidades geográficas, la descarbonización es más compleja que en los territorios peninsulares.

En marzo de 2019 tuvo lugar la primera convocatoria de ayudas a la inversión de instalaciones de producción de energía eléctrica de tecnología solar fotovoltaica situadas en Baleares cofinanciadas con Fondos Feder (SolBal). El presupuesto adjudicado alcanzó los 40 millones de euros, asociados a 55 proyectos por una potencia conjunta de 326 MW de instalaciones solares fotovoltaicas. Tras el éxito de la primera, se realiza esta segunda convocatoria para continuar avanzando en el cumplimiento de los objetivos en materia de energías renovables en el archipiélago balear.

Esta segunda convocatoria solar fotovoltaica en Baleares incorpora, entre otras novedades, el fomento de instalaciones en cubiertas o marquesinas en aparcamientos y el fomento de instalaciones que minimicen la utilización de suelo, manteniendo así mismo el fomento del uso de almacenamiento.

El Consejo de Ministros también ha aprobado hoy Eolcan 2, que destinará 54,4 millones de euros a impulsar las instalaciones de energía eólica en el archipiélago canario y con la que se prevé la entrada en funcionamiento de un mínimo de 160 megavatios (MW) de potencia renovable en la comunidad autónoma entre 2021 y 2022.

Con SolBal 2 son ya cinco convocatorias realizadas para sistemas eléctricos de los territorios no peninsulares, junto a EolCan, EolCan2, SolCan y Solbal). En total suponen la movilización de 191 millones de euros en apoyo público, aproximadamente 932 millones de euros de inversión público-privada y la puesta en marcha de unos 1.063 MW renovables.

Singularidad de los territorios insulares

Debido a la insularidad, los sistemas eléctricos de los territorios no peninsulares presentan singularidades que conllevan mayores dificultades para la integración de la producción eléctrica a partir de fuentes de energía renovables. Con todo, en Baleares se han venido realizando esfuerzos en los últimos años que han dado como resultado una progresiva penetración de energías renovables.

Con el objetivo de continuar avanzando en la integración de las energías renovables y en línea con los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030, resulta imprescindible la puesta en marcha de nuevas instalaciones en el archipiélago. De esta manera, se contribuirá a la diversificación de las fuentes de energía primaria, a la reducción de la dependencia energética y a la disminución de emisiones de CO₂.

En concreto, la convocatoria –ejemplo de coordinación y colaboración entre las administraciones del Gobierno de España y del Gobierno de Baleares–, ofrecerá subvenciones con cargo a Fondos FEDER que serán percibidas por los adjudicatarios, con carácter definitivo, una vez que se verifique la ejecución de cada proyecto, se certifique la inversión y la solicitud de pago sea aceptada por la Autoridad de Gestión FEDER. Al objeto de facilitar la financiación de los proyectos, el IDAE podrá anticipar hasta la totalidad de la ayuda concedida a los beneficiarios.

La convocatoria se realiza en línea con el Programa Operativo de Crecimiento Sostenible 2014-2020 (POCS) del programa FEDER, que establece como prioridad de inversión el fomento de la producción y distribución de energía derivada de fuentes renovables y, en particular, su desarrollo en los denominados Sistemas Eléctricos en Territorios No Peninsulares (SETNP).

Se trata de la segunda convocatoria del programa EOLCAN, del que ya se beneficiaron 184 MW en una primera convocatoria el pasado mes de diciembre de 2018

Las ayudas prevén la entrada de un mínimo de 160 megavatios (MW) de potencia renovable en la comunidad autónoma entre 2021 y 2022

Este impulso, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), movilizará una inversión privada adicional de unos 137 millones, generando empleo local y eliminando más de 232.000 toneladas equivalentes de CO₂ al año

Las ayudas se inscriben en los programas de estímulo de renovables en sistemas eléctricos insulares que, por sus particularidades geográficas, presentan barreras para la integración de estas tecnologías

24/11/2020.- El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), ha acordado autorizar al Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energia (IDAE) a aprobar la segunda convocatoria de ayudas EOLCAN, que destinará 54,4 millones de euros a impulsar las instalaciones de energía eólica en el archipiélago canario.

Con esta ayuda se prevé la entrada en funcionamiento de un mínimo de 160 megavatios (MW) de potencia renovable en la comunidad autónoma entre 2021 y 2022. La convocatoria será cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), destinado a fortalecer la cohesión económica y social en la Unión Europea, corrigiendo los desequilibrios que existen entre sus regiones.

Los 54,4 millones de euros en subvenciones movilizarán una inversión privada adicional de unos 137 millones, lo que generará empleo local y permitirá la eliminación más de 232.000 toneladas equivalentes de CO₂ al año (t eq. CO₂/año), contribuyendo a la lucha contra el cambio climático.

Esta convocatoria se enmarca en las acciones dirigidas a la descarbonización de los territorios insulares, a la reducción de su dependencia del petróleo y, en definitiva, al conjunto de medidas destinadas a cumplir con el objetivo de neutralidad climática para el año 2050. Mediante estas ayudas se incentiva la instalación de energías renovables en aquellas zonas en las que, por sus particularidades geográficas, la descarbonización es más compleja que en los territorios peninsulares.

2ª Convocatoria de ayudas

En diciembre de 2018 tuvo lugar la primera convocatoria de ayudas a la inversión de instalaciones de producción de energía eléctrica de tecnología eólica situadas en Canarias cofinanciadas con Fondos Comunitarios FEDER (EOLCAN). El presupuesto adjudicado sobrepasó los 55 millones de euros, asociados a 25 proyectos por una potencia conjunta de 184 MW de potencia eólica. La potencia eólica que participó en la primera convocatoria superó casi en un 30% la potencia adjudicada en la misma.

Esta concurrencia permitió unos ahorros de más del 30% en relación a la ayuda límite que se estableció. Tras el éxito de la primera convocatoria, se realiza esta segunda para continuar avanzando en el cumplimiento de los objetivos en materia de energías renovables en el archipiélago canario.

EOLCAN 2 incorpora, entre otras novedades, la apertura de la participación a proyectos de repotenciación de parques eólicos existentes de más de 20 años y el fomento del almacenamiento de la energía generada para impulsar la renovación tecnológica y facilitar la integración de la energía eólica en los sistemas eléctricos insulares.

El Consejo de Ministros también ha aprobado hoy SOLBAL 2, que destinará 20,7 millones de euros a impulsar las instalaciones de energía solar fotovoltaica en el archipiélago balear y con la que se prevé la entrada en funcionamiento de un mínimo de 120 megavatios (MW) de potencia renovable en la comunidad autónoma entre 2021 y 2022.

Con EOLCAN 2 son ya cinco convocatorias realizadas para sistemas eléctricos de los territorios no peninsulares junto a EOLCAN, SOLCAN, SOLBAL y SOLBAL 2. En total suponen la movilización de 191 millones de euros en apoyo público, aproximadamente 932 millones de euros de inversión público-privada y la puesta en marcha de unos 1.063 MW renovables.

Singularidad de los territorios insulares

Las singularidades de los sistemas eléctricos de los territorios insulares con respecto al sistema peninsular derivan fundamentalmente de su carácter aislado y de su reducido tamaño, lo que conlleva mayores dificultades para la integración de la producción eléctrica a partir de fuentes de energía renovables. Pese a ello, en los últimos años se ha llevado a cabo un esfuerzo que ha permitido una mejora de esta situación, con ejemplos de éxito como el de la isla de El Hierro, que ha logrado autoabastecerse al 100% con energías renovables de forma puntual.

No obstante, la diferencia de penetración renovable entre el sistema peninsular y el insular continúa siendo significativa (16,4% en Canarias frente al 38,6% en la península en 2019). Para mitigar esta disparidad y avanzar en el cumplimiento de los objetivos comunitarios de uso de energías renovables se  crean mecanismos como este para la puesta en marcha de nuevas instalaciones en el archipiélago. De este modo se contribuirá a la diversificación de las fuentes de energía primaria, a la reducción de la dependencia energética y a la disminución de emisiones de CO₂.

Anticipos FEDER por el IDAE

Esta convocatoria, impulsada gracias a la coordinación y colaboración entre el Gobierno de España y del Gobierno de Canarias, ofrecerá subvenciones con cargo al FEDER que serán percibidas por los adjudicatarios con carácter definitivo una vez que se verifique la ejecución de cada proyecto, se certifique la inversión y la solicitud de pago sea aceptada por la Autoridad de Gestión FEDER. Para facilitar la financiación de los proyectos, el Instituto de Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) podrá anticipar la totalidad de la ayuda concedida a los beneficiarios.

La convocatoria se realiza en línea con el Programa Operativo de Crecimiento Sostenible 2014-2020 (POCS) del FEDER, que establece como prioridad de inversión el fomento de la producción y distribución de energía derivada de fuentes renovables y, en particular, su desarrollo en los denominados Sistemas Eléctricos en Territorios No Peninsulares (SETNP).

18/11/2020.- El martes 17 de noviembre se publicó la consulta pública previa de Comunidades Energéticas Locales, cerrando el miércoles 2 de diciembre.
 
La finalidad de la consulta es recabar, directamente o a través de sus organizaciones representativas, la opinión de los colectivos y entidades interesadas, de las administraciones y de los agentes potencialmente involucrados el desarrollo de Comunidades Energéticas Locales, sobre el planteamiento para la transposición de las citadas directrices europeas al ordenamiento jurídico español, la identificación de prioridades y principales retos, así como potenciales medidas para poder superarlos.
 
Las 15 preguntas se han estructurado en torno a cinco bloques:

Generales

Aspectos jurídicos

Barreras y oportunidades

Marco facilitador y actores

¿Qué son las Comunidades Energéticas Locales?

El término “Comunidades Energéticas Locales” aúna los conceptos de Comunidades de Energías Renovables y de Comunidades Ciudadanas de Energía.
 
Comunidades de Energía Renovables: 

Concepto definido en la Directiva (UE) 2018/2001 relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables y en el Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica. 

En el RD 23/2020, se definen como “entidades jurídicas basadas en la participación abierta y voluntaria, autónomas y efectivamente controladas por socios o miembros que están situados en las proximidades de los proyectos de energías renovables que sean propiedad de dichas entidades jurídicas y que estas hayan desarrollado, cuyos socios o miembros sean personas físicas, pymes o autoridades locales, incluidos los municipios y cuya finalidad primordial sea proporcionar beneficios medioambientales, económicos o sociales a sus socios o miembros o a las zonas locales donde operan, en lugar de ganancias financieras.” Por tanto, estas comunidades pueden basarse en instalaciones de cualquier vector energético, siempre y cuando sea renovable.

Comunidades Ciudadanas de Energía:

Concepto definido en la Directiva (UE) 2019/944 sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad

En esa Directiva se definen como “una entidad jurídica que: se basa en la participación voluntaria y abierta, y cuyo control efectivo lo ejercen socios o miembros que sean personas físicas, autoridades locales, incluidos los municipios, o pequeñas empresas; cuyo objetivo principal consiste en ofrecer beneficios medioambientales, económicos o sociales a sus miembros o socios o a la localidad en la que desarrolla su actividad, más que generar una rentabilidad financiera, y participa en la generación, incluida la procedente de fuentes renovables, la distribución, el suministro, el consumo, la agregación, el almacenamiento de energía, la prestación de servicios de eficiencia energética o, la prestación de servicios de recarga para vehículos eléctricos o de otros servicios energéticos a sus miembros o socios.” Estas comunidades están limitadas al sector de la energía eléctrica, procedente o no de fuentes renovables.

Se puede acceder a la consulta desde la página Web del MITECO
 
Se invita a participar contestando a todas o parte de las preguntas, remitiendo las alegaciones a la dirección de correo: bzn-comunidadenergia@miteco.es indicando en el asunto: "Consulta Comunidades Energéticas"

 
Otros links de interés:

Guía para el desarrollo de instrumentos de fomento de comunidades energéticas 

Ponencias Jornada Web “Consulta pública previa en materia de Comunidades Energéticas Locales (CELs)" (27 noviembre 2020)

La ruta establecida en la Estrategia de Descarbonización a Largo Plazo (ELP 2050) permitirá reducir un 90% las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) a 2050 con respecto a 1990. El 10% restante será absorbido por los sumideros de carbono

Se trata de un documento estratégico que muestra las múltiples oportunidades para la creación de empleo y el crecimiento económico. Presenta un escenario basado en la tecnología y el conocimiento disponible, y ofrece las grandes señales para la inversión

La ELP 2050 marca una ruta que permitirá un consumo final de energía plenamente renovable a mediados de siglo, lo que aumentará la competitividad de la economía española y generará efectos positivos en salud, biodiversidad y adaptación al cambio climático

03/11/2020.- El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), ha aprobado hoy la “Estrategia a Largo Plazo para una Economía Española Moderna, Competitiva y Climáticamente Neutra en 2050” (ELP 2050). Este documento responde a los compromisos de España como Estado miembro de la Unión Europea y con el Acuerdo de París, y marca la senda para lograr la neutralidad climática no más tarde de 2050, identificando las oportunidades que ofrece esa transición en materia económica y de generación de empleo.

La ELP se alinea con el aumento de ambición climática a nivel internacional liderado por la Unión Europea, que aspira a ser el primer continente neutro en emisiones en 2050. La Comisión Europea apuesta por incrementar el objetivo europeo de reducción de emisiones a 2030, pasando de al menos un 40% respecto a 1990 a un mínimo de un 55%. Esta decisión es respaldada por España: el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, firmó una declaración conjunta junto a los presidentes y primeros ministros de otros 11 Estados miembro para reclamar este aumento de ambición.

COMPROMISO DE ESPAÑA CON LA NEUTRALIDAD CLIMÁTICA

La Estrategia a Largo Plazo muestra una senda hacia la descarbonización que servirá de guía para orientar las inversiones en los próximos años, apuntalando el compromiso del Gobierno con el cambio de modelo hacia una economía libre de emisiones. La senda presentada en la Estrategia orientará la movilización de inversiones para la recuperación.

El documento permitirá que España reduzca, no más tarde de 2050, sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en un 90% respecto a 1990. Esto implica reducir las emisiones de CO₂ desde las 334 millones de toneladas equivalentes (MtCO₂eq) emitidas en 2018 a un máximo de 29 MtCO₂eq emitidas en 2050. El 10% restante de las emisiones será absorbido por los sumideros de carbono, que serán capaces de captar unas 37 MtCO₂eq a mediados de siglo, lo que supone alcanzar la neutralidad climática.

La ELP se configura como una pieza esencial que completa el Marco de Energía y Clima del Gobierno junto al Proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, la Estrategia de Transición Justa, la Estrategia de Pobreza Energética, el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático y, en especial, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (2021-2030). El documento es coherente con este marco y lo completa, continuando la senda iniciada por el PNIEC y desarrollando la trayectoria y las vías para lograr los objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero establecidos en el Proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética.

Las medidas articuladas en el PNIEC ya han sido desarrolladas y puestas en marcha en los últimos meses mediante el desarrollo de estrategias, hojas de ruta y disposiciones legislativas. Algunas de ellas, como la “Hoja de ruta del hidrógeno: una apuesta por el hidrógeno renovable” o la “Estrategia de almacenamiento energético”, tienen además una visión a 2050 en total consonancia con la ELP.

El documento analiza, desde un punto de vista estratégico, las distintas opciones para la descarbonización de la economía y propone una trayectoria para alcanzar la neutralidad climática basada en la tecnología y el conocimiento científico disponibles. Este camino pone sobre la mesa las señales de inversión y el despliegue tecnológico que serán necesarios en los próximos años para cumplir con el Acuerdo de París. Si bien la ELP marca una senda general para alcanzar los objetivos propuestos, la ruta concreta para cada década se irá definiendo de manera detallada por medio de los PNIEC, que se elaborarán cada diez años y se actualizarán cada cinco.

ELEMENTOS TRANSVERSALES

La senda hacia la neutralidad climática interactúa con múltiples factores que son transversales en la transición ecológica y que son también abordados por la ELP. La ciudadanía se situará en el centro de este cambio, que se abordará desde una perspectiva de equidad y justicia social, con especial atención a los colectivos y sectores vulnerables, así como a los habitantes de zonas en Transición Justa, generando oportunidades de empleo sostenible, especialmente en el entorno rural, y abordando el reto demográfico. Esta Estrategia también integra una perspectiva de género con un enfoque de igualdad. Adicionalmente, presenta múltiples sinergias con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas.

La transición hacia la neutralidad climática presenta múltiples oportunidades para la industria de nuestro país gracias al desarrollo de sectores estratégicos como las energías renovables, el hidrógeno verde y el almacenamiento energético a lo largo de toda su cadena de valor. El despliegue de estas tecnologías contribuirá, asimismo, al autoabastecimiento energético y a un uso más eficiente de los recursos, que redundarán en el cuidado del medio ambiente y en una mayor resiliencia al cambio climático. Las nuevas transformaciones se realizarán sobre la base del incremento de la cohesión territorial, contribuyendo al desarrollo rural y haciendo frente al reto demográfico, pero también mediante el diseño de ciudades más habitables, al tiempo que se abren nuevas oportunidades para el empleo.

REDUCCIÓN DE EMISIONES Y AHORRO ENERGÉTICO

Uno de los principales objetivos del documento es la mitigación de emisiones para alcanzar la neutralidad climática antes de mediados de siglo. Para conseguirlo, el sistema energético estará basado fundamentalmente en energías renovables, representando un 97% en el consumo final.

El ahorro y la eficiencia energética tienen también un papel fundamental en la Estrategia, reduciendo los consumos de energía primaria y final. Todas las transformaciones señaladas generarán un cambio en la estructura energética, que redundará en una considerable reducción de la dependencia exterior. Se estima que España pasará de importar el 73% de la energía consumida en 2018 al 13% en 2050, lo que implicará un ahorro acumulado en importaciones de combustibles fósiles entre 2021 y 2050 estimado en 344.000 millones de euros.

OPORTUNIDADES DE LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA

Según la modelización de la ELP, el despliegue de energías renovables permitirá que el sector industrial nacional refuerce su posición de liderazgo en estas tecnologías, abriendo nuevas vías de desarrollo en el ámbito del almacenamiento o del hidrógeno renovable a lo largo de toda la cadena de valor.

El documento identifica las oportunidades y palancas para la modernización y descarbonización de los diferentes sectores económicos del país, que vivirán en las próximas décadas un proceso de transformación tecnológica progresiva vinculada, especialmente, a la penetración de energías renovables. Este cambio generará importantes oportunidades en toda la cadena de valor industrial, que verá aumentada su competitividad y capacidad productiva en todos los sectores.

Gracias a la mejora de la eficiencia energética y al ahorro, el consumo de energía primaria se reducirá en torno a un 50% desde el año 2020 hasta el año 2050.

La aplicación de la ELP permitirá desacoplar el crecimiento económico del consumo energético. El PIB producido por unidad de consumo final de energía se multiplicará por 2,5 entre 2017 y 2050. Además, el documento anticipa que la contribución de energías renovables sobre la energía final se situará en un 97%. Por su parte, el sector eléctrico será 100% renovable antes de llegar a mitad de siglo, mientras que la contribución de las energías renovables al transporte y la movilidad alcanzará el 79%, llegando al 97% en el sector de calor y frío.

La movilidad y el transporte reducirán sus emisiones cerca del 98% respecto a valores actuales, mientras que la industria lo hará en más de un 90% y el sector agropecuario y residuos alcanzará una reducción aproximada del 60%. El sector de la edificación estará 100% descarbonizado en 2050.

Por otra parte, el consumo de energía primaria se reducirá en un 40% gracias a las políticas de eficiencia energética, a los cambios de hábitos y a la economía circular, redundando en una reducción de más del 30% en el consumo de energía final. 

EMPLEO E INVERSIÓN

El documento identifica las oportunidades económicas y de generación de empleo que plantea el proceso de descarbonización, y señala que España puede ocupar una posición de liderazgo en nuevos segmentos de la cadena de valor como los asociados a la economía circular o a la digitalización, que pueden jugar un papel determinante en la reactivación de la economía española en línea con los instrumentos de recuperación comunitarios. La inversión derivada de los Fondos de Recuperación y Resiliencia irá orientada a acelerar la transición ecológica, sirviéndose de esta Estrategia como guía.

El conjunto de medidas que se integran en la Estrategia tendrá un impacto positivo en la generación de empleo, que aumentará un 1,6% en 2050 con respecto a un escenario que no tenga en cuenta su aplicación. Esto generaría unos 300.000 empleos netos al año a lo largo de este periodo.

Asimismo, se estima que las inversiones totales acumuladas en el periodo 2031-2050 alcanzarán los 500.000 millones de euros, de los cuales 300.000 se consideran asociados a la implementación de esta Estrategia. Esta cifra se sumaría a los 250.000 millones de euros que movilizará la implementación del PNIEC desde 2021 hasta 2030. Las inversiones adicionales anuales se situarán en torno a un 1% del PIB, en línea con las cifras presentadas por la Estrategia a Largo Plazo Europea 2050.

CONSERVACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

Otra dimensión de gran calado abordada en la ELP, además de la mitigación, es la adaptación. Los informes del IPCC señalan al sur de Europa y la cuenca del Mediterráneo como las zonas más expuestas a los impactos derivados de la crisis climática, por lo que ésta es una cuestión esencial para España. Nuestro país ya está experimentando impactos relevantes derivados del cambio climático, que se irán agravando a medida que la crisis climática continúe avanzando, por lo que la anticipación resultará clave. Existe un consenso generalizado sobre la necesidad de dar respuesta al reto de gestionar los riesgos y reducir la vulnerabilidad frente a los cambios actuales y futuros del clima en España, facilitando la adaptación de nuestro país al cambio climático.

La trayectoria que desarrolla la ELP permitirá cambiar el paradigma energético, situando la base del sistema las energías renovables para mediados de siglo. Este cambio generará efectos positivos en la salud y la calidad de vida, y favorecerá la conservación de la biodiversidad y la adaptación a los efectos del cambio climático.

Así, el proceso de transición de cada sector permitirá una reducción de la presencia de contaminantes primarios asociados a la polución atmosférica como el dióxido de azufre (SO₂), que disminuirán un 55%; los óxidos nitrosos (NO_X), que se reducirán un 38% y las partículas finas PM_2.5, cuya presencia descenderá un 36%.

Las estimaciones realizadas por el modelo que emplea la ELP calculan que la neutralidad climática irá ligada a una disminución de más del 60% en el número de muertes prematuras en el año 2050 con respecto a 2010.

CAPITAL NATURAL

El capital natural es uno de los grandes protagonistas de la ruta que marca esta Estrategia, no solo por su valor intrínseco, sino también por su contribución a la absorción de CO₂ de la atmósfera. El papel de los sumideros de carbono, esencial en este proceso, se reforzará mediante la reforestación de 20.000 hectáreas al año entre 2020 y 2050, el aumento del 4% de la superficie de tierras forestales, la mejora de la gestión forestal y la restauración y recuperación de 50.000 hectáreas de humedales hasta 2050.

La conservación y ampliación de esos espacios constituye una herramienta para luchar contra la pérdida de biodiversidad y, además, está asociada a actividades económicas y a la generación de empleo, especialmente en entornos rurales.

SISTEMA ELÉCTRICO

El vector tractor de la descarbonización del sistema será el sector eléctrico, lo que generará importantes oportunidades de inversión. La ELP estima que este ámbito será el primero en reducir drásticamente sus emisiones, estando totalmente descarbonizado en 2050.

La electrificación de la demanda es una de las palancas de la descarbonización, siendo especialmente intensa en el sector residencial (un 81%) y de servicios (91%), pero la industria y la movilidad también desempeñarán un papel fundamental. Los sistemas de almacenamiento serán esenciales para garantizar la correcta integración de las energías renovables.

MOVILIDAD SOSTENIBLE

Los cambios modales y la integración de la planificación urbanística desempeñarán un papel clave en la transformación del sector de la movilidad. Se estima que tendrá unas emisiones reducidas en 2050. Más de tres cuartas partes de la movilidad y transporte (79%) emplearán energía final de origen renovable.

EDIFICACIÓN

Las acciones de rehabilitación energética para transformar el parque de vivienda en línea con la “oleada de renovación” denominada “Nueva Bauhaus Europea” por la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, serán claves en esta transición. La Comisión aspira, al menos, a duplicar las tasas de renovación en los próximos 10 años y a garantizar que las renovaciones den lugar a una mayor eficiencia energética y de los recursos.

La ELP estima que este sector de la edificación estará plenamente descarbonizado a mediados de siglo. Para lograr este objetivo es indispensable mejorar la eficiencia de las construcciones ya existentes. Además, es necesario que las nuevas edificaciones tengan un consumo energético casi nulo. La rehabilitación energética será clave desde 2021, abriendo un importante nicho de actividad económica. Los mayores cambios para lograr esta transición se producirán en los sistemas de climatización: el 96% de ellos serán renovables a mediados de siglo.

INDUSTRIA

Por su parte, el modelo de la ELP estima que la industria, aun manteniendo o incrementando su peso en el PIB nacional, disminuirá considerablemente sus emisiones desde los 72 MTCO₂ en 2020 a las 7 en 2050, teniendo un papel central en la transición. La creación de una estrategia industrial que permita aumentar su peso en la economía guiará este proceso, apostando por materias primas alternativas y fomentando la economía circular.

Esta estrategia permitirá anticipar decisiones de inversión y acompañar a la industria del país para que siga siendo competitiva en un contexto europeo y global de transición hacia la neutralidad climática. El desarrollo de procesos de captación y almacenamiento también desempeñarán un papel clave, así como el apoyo a estrategias de I+D+i que posicionen a la industria española de forma competitiva a nivel global. El uso del hidrógeno renovable como vector energético también contribuirá a la descarbonización de este sector. Además, en el marco de la ELP, se desarrollará una Estrategia de investigación, desarrollo e innovación para que la industria española pueda posicionarse de forma competitiva en el conjunto de la cadena de valor industrial.

AGRICULTURA, RESIDUOS Y ECONOMÍA CIRCULAR

El sector de la agricultura también experimentará un avance significativo en su proceso hacia una economía neutra en emisiones. Aunque, por sus características, la descarbonización en este ámbito es limitada, la senda facilitada por la ELP permitirá lograr una reducción importante de emisiones de forma absoluta gracias a la mejora de la gestión de cultivos, fertilizantes y estiércoles, a la producción de biogás, a la conservación de suelos, la alimentación del ganado y las rotaciones de cultivos, la digitalización y las tecnologías inteligentes para el riego y la fertilización, así como a la reducción del desperdicio en la cadena alimentaria de consumo nacional y a la modificación progresiva de los hábitos alimentarios para retornar a dietas más saludables y equilibradas como la dieta mediterránea.

Además, la aplicación de la ELP permitirá reducir un 81% las emisiones del sector de los residuos en 2050 con respecto a 2015.

La Estrategia de Descarbonización a Largo Plazo 2050 se encuentra disponible en la web del MITECO a través de este enlace.

El nuevo marco permite trasladar de forma directa a todos los consumidores, desde el consumidor doméstico al industrial, los ahorros que implica la producción renovable

Mediante orden ministerial se recogerá una previsión de calendario de celebración de subastas, que comprenderá un periodo mínimo de cinco años y que incluirá plazos indicativos, la frecuencia de las subastas, la capacidad esperada y las tecnologías previstas, en su caso

El nuevo marco retributivo estará destinado a nueva potencia renovable, permitirá la hibridación entre tecnologías y será compatible con el almacenamiento

03/11/2020.- El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha aprobado hoy el Real Decreto por el que se regula el nuevo régimen económico de energías renovables para instalaciones de generación eléctrica. El texto establece un nuevo marco para futuras instalaciones renovables que se desarrollará mediante subastas. En todo caso, los participantes pujarán ofertando el precio que están dispuestos a cobrar por la energía que genere la instalación.

El nuevo marco retributivo, que el Real Decreto denomina Régimen Económico de Energías Renovables (REER), estará destinado a nueva potencia renovable y permitirá la hibridación entre tecnologías, la ampliación y modificación de instalaciones existentes y será compatible con el almacenamiento.

El texto desarrolla el Real Decreto-ley 23/2020, de medidas en materia de energía para la reactivación económica, aprobado en Consejo de Ministros de 23 de junio. Responde a la necesidad de ofrecer un marco estable que atraiga la inversión y fomente la actividad económica en toda la cadena de valor de las energías renovables del país en un escenario de recuperación tras la crisis sanitaria, al tiempo que permite que los consumidores se beneficien de manera directa de las reducciones de costes de generación de estas tecnologías.

El nuevo REER resulta además indispensable para cumplir con los compromisos de descarbonización que España ha adquirido en el Acuerdo de París y como Estado miembro de la Unión Europea. Estos compromisos han sido planificados en el Plan Integrado de Energía Clima (PNIEC) 2021-2030, que prevé la instalación de en torno a 60GW renovables en la próxima década y que incluye, entre sus medidas, el desarrollo de este tipo de subastas.

Las energías renovables no solo son la alternativa energética más limpia, y por tanto clave para alcanzar la neutralidad climática no más tarde de 2050, sino que también constituyen la forma de generación eléctrica de menor coste. España cuenta con gran potencial renovable, tanto en horas de viento como de insolación, y un tejido empresarial consolidado que dispone de tecnologías maduras y otras en fases de desarrollo muy avanzado.

Así, se estima que hasta el 90% de los componentes de los aerogeneradores, el 60% de los proyectos fotovoltaicos o el 80% de los termosolares son de fabricación nacional, por lo que la norma tendrá un impacto muy positivo sobre la cadena de valor industrial y el empleo nacional.

Producto subastado

El desarrollo del nuevo marco retributivo se realizará mediante subastas que se ajustarán a los principios de transparencia, eficacia, proporcionalidad, objetividad y eficiencia. Antes de la celebración de una subasta, se establecerá el cupo de energía y/o potencia máxima que se subasta. Cada subasta se realizará a sobre cerrado y adjudicará el producto subastado a las ofertas de menor cuantía hasta alcanzar el cupo establecido.

El precio para cada adjudicatario coincidirá con el precio por el que pujó (“pay-as-bid”, por su denominación en inglés) y no será objeto de actualización.

Además, en las subastas se podrá distinguir por tecnologías de producción en función de sus características técnicas, niveles de gestionabilidad, criterios de localización geográfica, madurez tecnológica, tamaño o componente innovador, entre otros factores.

El proyecto de Real Decreto también permite que, en la convocatoria de la subasta, se establezcan criterios adicionales orientados a que determinados proyectos con características específicas, como pueden ser los de reducido tamaño, los proyectos de demostración y los de comunidades energéticas, puedan competir en igualdad de condiciones. También será posible habilitar un proceso de adhesión al resultado de la subasta, con un precio de adjudicación calculado a partir de los resultados, para instalaciones de pequeña magnitud y proyectos de demostración.

En la orden por la que se regule el mecanismo de subasta se podrán establecer hitos de control intermedios para verificar el cumplimiento del compromiso de generación de energía que asumen las instalaciones adjudicatarias de la subasta.

Un calendario de subastas previsible

El Real Decreto establece, asimismo, el sistema de convocatoria de las subastas. En primer término, y mediante orden ministerial, se regulará el mecanismo de subasta, pudiendo incluir entre otros aspectos, las tecnologías, condiciones y garantías para participar en la subasta, el producto a subastar, así como los parámetros y resto de elementos que configuran y concretan el Régimen Económico de Energías Renovables.

Por otro lado, y al objeto de favorecer la previsibilidad de las subastas, y también mediante orden ministerial, se recogerá una previsión de calendario de celebración de subastas, que comprenderá un periodo mínimo de cinco años y que incluirá plazos indicativos, la frecuencia de las subastas, la capacidad esperada y las tecnologías previstas, en su caso. Dicho calendario se actualizará, al menos, anualmente y estará orientado a la consecución de los objetivos de producción renovable establecidos en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030.

Las subastas desarrolladas al amparo de cada orden ministerial se convocarán mediante Resolución de la Secretaria de Estado de Energía, que se publicará en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Precio  de la subasta y participación en mercado

Las instalaciones beneficiarias del Régimen Económico de Energías Renovables  participarán en el mercado diario e intradiario y percibirán, por la energía vendida en dichos mercados, el precio fijado en la subasta, corregido, en su caso, por la exposición a mercado que sea de aplicación, hasta un volumen de energía determinado y para un plazo máximo establecido.

La orden podrá adaptar el mecanismo de retribución para su aplicación en las instalaciones de almacenamiento.

Alternativamente, se puede establecer que el precio resultado de la subasta sea corregido con incentivos de participación del adjudicatario en el mercado, introduciendo cierta exposición de las instalaciones al mercado eléctrico. Con ello, se puede fomentar, por ejemplo, que oferte su energía en las horas más caras del mercado, lo cual permite desplazar a otras formas de generación con precios más elevados. Con esta medida, también se puede favorecer la instalación de plantas capaces de desplazar su producción a determinadas horas, como son aquellas que cuenten con almacenamiento. En su caso, este porcentaje de corrección sobre el precio fijado en la subasta se definirá en cada convocatoria, con un valor que siempre estará comprendido entre 0 y 0,5.

Por último, las instalaciones adjudicatarias podrán participar en los servicios de ajuste y de balance, donde cobrarán el precio del mercado de dichos servicios.

Registro

La norma también regula el procedimiento para la inscripción de las instalaciones adjudicatarias en el Registro Electrónico del Régimen Económico de Energías Renovables, así como la garantía económica que deben presentar, cuyo importe concreto se especificará en la orden que regule el procedimiento de subasta. Inicialmente, los adjudicatarios serán inscritos “en estado de preasignación” y, una vez hayan comenzado a vender energía en el mercado, pasarán a figurar “en estado de explotación”.

La potencia inscrita en el registro en estado de explotación se corresponderá con la potencia realmente instalada, pudiendo ser superior a la potencia inscrita en estado de preasignación. 

En la normativa reguladora de subastas se podrán establecer mecanismos mediante los que acreditar la madurez de las instalaciones con carácter previo a la inscripción en el registro electrónico en cualquiera de los dos estados.

El desistimiento en la construcción de la instalación o el incumplimiento de los requisitos establecidos en la subasta supondrá la ejecución de la garantía y la pérdida del derecho al régimen retributivo.

La tramitación de este real decreto se ha realizado por el procedimiento de urgencia, en virtud del Acuerdo de Consejo de Ministros de 7 de julio.

La convocatoria, que gestionará el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, apoyará proyectos de generación eléctrica

A la hora de valorar los proyectos, y en concierto con la Comunidad Autónoma de Galicia, se han establecido criterios vinculados a la transición justa, el reto demográfico, la generación de empleo, la innovación y la lucha contra la pobreza energética, entre otros
Estas ayudas forman parte del paquete dotado inicialmente con 316 millones de euros y se unen a las ya aprobadas para otras 12 regiones

Permitirá movilizar una inversión privada adicional de al menos 33,64 millones, generando empleo local; y eliminará más de 25.190 toneladas equivalentes de CO₂ al año (t eq. CO₂/año), contribuyendo a la lucha contra el cambio climático

03/11/2020.- El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha acordado autorizar al Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) una convocatoria de ayudas de 12 millones de euros para apoyar la inversión en instalaciones de generación de energía eléctrica con fuentes de energía renovable en Galicia, lo que movilizará una inversión privada adicional de al menos 33,64 millones, generando empleo local; y eliminará más de 25.190 toneladas equivalentes de CO₂ al año (t eq. CO₂/año), contribuyendo a la lucha contra el cambio climático.

El pasado 10 de septiembre, el Instituto realizó el primer reparto territorial, distribuyendo 181 millones de euros para apoyar iniciativas en siete regiones: Andalucía, Principado de Asturias, Castila-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Madrid y Murcia. Como continuación de este primer paquete de ayudas, el 23 de septiembre se asignaron otros 24 millones de euros para apoyar iniciativas en cinco regiones –Aragón, Cantabria, Comunitat Valenciana, La Rioja y Melilla. Finalmente, el pasado 28 de octubre se aprobaron otros 8 millones de euros para producción térmica con energías renovables con energías renovables en Galicia que se ve complementada con esta nueva convocatoria para generación eléctrica.

El IDAE continuará trabajando con las regiones para aprobar, lo antes posible, el resto de convocatorias hasta completar la dotación inicial del paquete de ayudas, de 316 millones de euros. En total, se estima que esta nueva convocatoria supondrá un aumento de capacidad de 28,53 megavatios (MW) en proyectos renovables de generación eléctrica.

En la Comunidad Autónoma de Galicia las ayudas supondrán una apuesta importante por el impulso a las energías renovables eléctricas en el sectores de automoción, forestal y maderera, turismo y electrointensiva, con partidas específicas que permitirán el desarrollo de proyectos como instalaciones de generación y aprovechamiento de biogás agroindustrial o industrial, instalaciones fotovoltaicas, reservando parte para su desarrollo en islas, en los sectores público o privado o instalaciones eólicas, destacando la innovación y el desarrollo de potencia renovable vinculada al almacenamiento o la producción de hidrógeno y las aplicaciones en autoconsumo.

El programa puede ser cofinanciado por Fondos de la Unión Europea, como el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), y podrá ser reforzado con otros instrumentos europeos dirigidos a impulsar la recuperación económica. Además, esta línea podrá ser complementada con los fondos previstos por la Unión Europea para la reactivación económica frente al COVID-19.

Activación de inversiones

Se prevé que, en conjunto, esta convocatoria movilice al menos 33,6 millones de euros en inversiones asociadas a proyectos que, además de suponer un impulso para la reactivación económica, contribuirán a la diversificación de las fuentes de energía primaria, a la reducción de la dependencia energética y evitarán la emisión de al menos 25.193 t eq CO₂/año, en línea con los objetivos marcados por el Plan Nacional Integral de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030 y del proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética.

Por tecnologías, y de acuerdo con el reparto inicial acordado con la Comunidad Autónoma de Galicia, esta tanda de convocatorias se distribuirá de la siguiente manera. Los importes finales asignados a cada tecnología pueden variar en función de la demanda para cada tecnología en el proceso de concurrencia competitiva:

Criterios de transición justa y reto demográfico

Una vez acordado el reparto entre tecnologías, corresponde a IDAE realizar la correspondiente convocatoria de ayudas, que se otorgarán mediante un régimen de concurrencia competitiva. Las autoridades regionales han definido las tipologías de tecnología específicas elegibles, adaptadas a las necesidades de la región.

A la hora de valorar los proyectos, y también en concierto con las regiones, se han establecido criterios vinculados a la transición justa, el reto demográfico, la generación de empleo, innovación, lucha contra la pobreza energética, impulso a sectores industriales estratégicos locales o apoyo a la participación ciudadana, como el impulso a las comunidades energéticas, en el sistema energético.

Podrán presentarse a las convocatorias personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que vayan a realizar un proyecto acorde con estas especificaciones. También podrán solicitar subvenciones comunidades de bienes, comunidades de propietarios, agrupaciones de comunidades de propietarios y otras agrupaciones que puedan llevar a cabo la actuación de la ayuda.

Recomendaciones: implicar a los expertos y al personal, comparar las rentabilidades de diferentes medidas y usar aplicaciones o realizar auditorías
 
30 octubre 2020.- La reciente Jornada sobre Aislamiento Térmico y Eficiencia Energética en la Industria, organizada por el IDAE con la colaboración de AFELMA y ANDIMAI deja como denominador común las recomendaciones de consultar con los expertos en aislamiento en la toma de decisiones y la comparación con otro tipo de medidas para conocer las rentabilidades de cada una y adoptar las decisiones adecuadas. Los casos prácticos y las historias de éxito demuestran que el potencial de ahorro del aislamiento de procesos y sistemas en la industria que puede llegar a los 400 M€ al año en España que pronosticaba el estudio Ecofys de EiiF, es decir, 13.600 GWh y 3,4 Mt de CO₂, el consumo de 1.200.000 viviendas o el CO₂ de 1.700.000 coches.
 
Inauguró la jornada Pedro Prieto, Director de Ahorro y Eficiencia Energética del IDAE, que se refirió a los trabajos de esa entidad con AFELMA y ANDIMAI para promover las buenas prácticas y desarrollar una aplicación de diagnóstico previo de la situación en cada industria.
 
También explicó los programas de ayuda a la eficiencia energética destinados a pymes y grandes empresas, dotados con 307 M€, que estarán vigentes a través de las ventanillas autonómicas hasta el 31/12/2020. Estos fondos se dirigen a proyectos de mejora tecnológica, de equipos y procesos industriales, entre los cuales está el aislamiento térmico. Las ayudas pueden representar el 30% de la inversión. No dejó pasar la ocasión para hablar de las ayudas vigentes hasta 31 de julio de 2021 destinadas a edificios públicos y privados que pueden alcanzar el 35% del proyecto de la mejora, entre otros, del aislamiento de la envolvente o de las tuberías.
 
Buenas prácticas de montaje y herramientas de prediagnóstico del aislamiento en la industria
 
Manuela Manzano, del Comité Industrial de AFELMA, recordó que en la industria se aísla por las condiciones de proceso, la seguridad, el ahorro energético y la reducción del impacto ambiental (ruido y CO2). 

Alertó sobre el retraso de la industria (sin norma obligatoria) respecto al sector residencial, sometido al Código Técnico de la Edificación (CTE). En este sentido, manifestó que el espesor medio del aislamiento de la industria (100 mm) para temperaturas de 400, 500 o 600°C, es equiparable al estándar del CTE de 2016 para edificios con temperaturas de 18 a 22°C. Esta situación conlleva unas pérdidas de 150W/m2. No obstante, alabó la mayor concienciación del sector, por lo que actualmente se consideran pérdidas máximas de 90W/m².
 
Los datos, dijo, son elocuentes: al menos el 10% de las superficies de una instalación no disponen de aislamiento o el aislamiento está deteriorado. El 90% restante podría reducir hasta un 75% sus pérdidas energéticas mejorando la eficiencia del aislamiento. Además, habitualmente se invierte lo mínimo, porque solo se considera la temperatura superficial para evitar daños personales, las necesidades mínimas del proceso industrial o los promedios genéricos de pérdidas de calor. Pero, según la Agencia Medioambiental Europea (EEA), el aislamiento industrial podría reducir el 1% de las emisiones de CO2 europeas, es decir, 44,8 Mt y el 6% de las de la industria europea, 36,4Mt. 
 
Finalmente expuso los factores que influyen en la eficiencia térmica: conductividad térmica de los aislantes, espesor de los mismos, puentes térmicos y emisividad del revestimiento, y concluyó refiriéndose a las herramientas de cálculo: aplicaciones informáticas y auditorias sobre las que recomendó seguir estos pasos: aislar, evaluar el coste efectivo del aislamiento, involucrar a expertos en la materia y definir la amortización.
 
Luis Miguel Navarro, del Comité Técnico de ANDIMAI, repasó la génesis de la Guía de Buenas Prácticas y de la herramienta de cálculo desarrolladas en colaboración con el IDAE. Explicó la evolución de las prácticas industriales respecto a las detectadas en el estudio de 2013 sobre 101 industrias, caracterizadas por pérdidas energéticas entre 90 y 600 W/m2 y por una falta de exigencia respecto al diseño y montaje del aislamiento. La norma UNE 92330:2018 fijó las pérdidas térmicas en un máximo de 90 W/m2 para instalación de aislamiento en instalaciones con superficie caliente cuyo rango de temperatura sea de 0°C hasta 700°C.
 
Continuó hablando de los avances cualitativos detectados, ya que el estudio realizado evidenciaba que, entre otras lagunas, el 59% clientes industriales no especificaban las tablas de espesor del aislamiento; el 66% no especificaba el tratamiento para suprimir los puentes térmicos, el 55% no detallaba la importancia de aislar superficies calientes y el 79% no especificaba las zonas de aislamiento para techos.

Finalmente mostró la aplicación de diagnóstico previo del aislamiento, los datos a introducir y las recomendaciones que ofrece, con una evaluación cuantitativa del coste de no aislamiento.
 
Casos de éxito en la industria 
 
Francisco Puente, de la consultoría energética ESCAN, refirió el caso de la Renovación del Sistema de Frío de una industria cárnica y estableció como punto de partida que las cadenas de frío industriales tienen un gran potencial de ahorro energético porque tienen consumos importantes en todas sus etapas: almacenamiento, transporte, procesos…en los que la envolvente y por tanto el aislamiento es fundamental. 
En el caso contemplado se cambiaron los equipos y se renovó el aislamiento de los conductos. Operaciones que aportaron más de un 35% de eficiencia energética, supusieron unos ahorros anuales de más de 100.000 €, frente a una inversión de unos 500.000 €.
Concluyó su exposición hablando de los beneficios adicionales no energéticos: reducción de emisiones directas e indirectas, menos fallos en las instalaciones, mejor calidad del proceso y del producto por el control de la temperatura, mejora de la seguridad, mayor satisfacción de responsables y técnicos y mejora de la imagen por su mayor sostenibilidad.
 
Jesús López Argüelles, de ASTURIANA DE ZINC, narró el proceso de producción de esta industria en sus cuatro plantas (la más antigua con 44 años y la más reciente con 19). Constató los motivos que lleva a aislar: el mantenimiento de las temperaturas en los hornos, la seguridad, el ahorro energético para evitar que se disperse el vapor que se genera con calderas de gas en las paradas técnicas de las plantas, etc. 
 
Así que, concluyó, el aislamiento térmico está presente en muchas partes del proceso y las razones que lo justifican también. Sin embargo, añadió, un motivo más: la eficiencia del proceso, ya que los expertos en aislamiento pueden rediseñar el aislamiento en zonas críticas. Con estas intervenciones, afirmó que “cada año se produzca un poco más y las paradas técnicas por mantenimiento han pasado de efectuarse cada año a 24 meses”, ya que con el rediseño se evita la corrosión. Finalmente confirmó el recurso a las auditorías energéticas y al uso de las termografías.
 
Finalmente, Juan Amengual, de DUPONT, comenzó su ponencia señalando que la eficiencia consiste en evitar despilfarros y optimizar la producción. En este sentido, considera que las empresas de servicios son colaboradores que le tienen que decir a su cliente cómo conseguirlo. A nivel de grupo, refirió que este modo de trabajar supuso un ahorro de 2 M$ al año, frente al 9% de esa cifra que representa el coste anual de estos servicios. 
 
La eficiencia, dijo, “nos hace tener músculo en el mercado, sobre todo en circunstancias como las actuales”; para ello es importante que los departamentos de compras entiendan que puede ser más conveniente contratar a una empresa que sea un 4% más cara que otra si anualmente genera ahorros de hasta el 20% en la facturación. No obstante, indicó que para hacer esto es preciso que las personas que identifican los problemas estén involucradas, porque el objetivo es que los empleados den ideas.
 
Casos prácticos de Ahorro Energético a través del Aislamiento
 
En este enlace y en tablas, se refieren las magnitudes y parámetros más relevantes de los casos prácticos expuestos en la Jornada por los miembros del Comité Industrial de AFELMA.

Cristina Cardiel analizó el ahorro energético a través del aislamiento en tuberías.

Laura Raggi centró su caso práctico de ahorro energético en un tanque de almacenamiento.

Juan José Orta habló sobre elementos no aislados y el ahorro energético generado por el aislamiento.