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Las convocatorias, acordadas con los Gobiernos regionales, apoyarán proyectos de generación eléctrica y térmica en Andalucía, Principado de Asturias, Castila-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Madrid y Murcia.

Próximamente, el IDAE aprobará el resto de convocatorias, hasta completar el presupuesto inicial del paquete de apoyo público a proyectos renovables, dotado con 316 millones de euros. Este podrá ser complementado con los fondos europeos para la recuperación.

Estas primeras convocatorias movilizarán una inversión privada adicional de unos 551 millones, generando empleo local, y eliminarán más 712.000 toneladas equivalentes de CO2 al año.

10/09/2020.- El Consejo de Administración del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), ha aprobado las primeras convocatorias del paquete, dotado inicialmente con 316 millones de apoyo público, para financiar proyectos innovadores de tecnologías renovables. Estas primeras convocatorias, acordadas con las comunidades autónomas, asignarán más de 181 millones de euros para apoyar iniciativas en siete regiones –Andalucía, Principado de Asturias, Castila-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Madrid y Murcia–, lo que movilizará una inversión privada adicional de unos 551 millones, generando empleo local; y eliminará más 712.000 toneladas equivalentes de CO2 al año (t eq CO2/año), contribuyendo a la lucha contra el cambio climático.

Este paquete dirigido a renovables se complementa con otras dos líneas de apoyo público activadas por MITECO y coordinadas por IDAE, el Plan de Rehabilitación Energética (PREE) y la segunda convocatoria del programa de incentivo a la movilidad alternativa y sostenible MOVES. En total, un conjunto de ayudas dotado con más 700 millones, alineado con las dos principales líneas señalas por la Unión Europea (UE) para activar la recuperación de la economía frente al COVID-19, la transición energética y la digitalización.

Las ayudas a las renovables aprobadas por el Consejo de Administración del Instituto, y que se publicarán próximamente en el Boletín Oficial del Estado, se dividen en dos grupos: 

-    Ayudas para la instalación de generación de energía eléctrica con fuentes renovables, que apoya proyectos fotovoltaicos, eólicos, de biomasa o gases renovables, incluyendo iniciativas de hidrógeno renovable y autoconsumo, entre otras. 

-     Ayudas para la construcción de instalaciones que generen energía térmica a partir de fuentes renovables, que impulsa proyectos con tecnologías como la geotermia, la energía solar térmica, la aerotermia o la biomasa. Se financiarán proyectos, incluyendo aplicaciones innovadoras, que permitirán a las empresas reducir costes energéticos y emisiones de CO2 y reforzar su competitividad. 

Entre otros sectores, las ayudas favorecerán la penetración de energías renovables térmicas y eléctricas en el sector agroalimentario y sus industrias conexas. Los sectores industrial y de servicio son otros segmentos que pueden beneficiarse de este paquete.

En esta primera convocatoria, la generación eléctrica renovable contará con unos 80,2 millones de euros en apoyos; y la línea que financia instalaciones térmicas sumará casi 101 millones.

El reparto de estas primeras convocatorias, acordado con las respectivas comunidades autónomas y de acuerdo con la disponibilidad actual de partidas del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en cada autonomía, se concreta de la siguiente manera: 124,3 millones de euros en Andalucía; 10 millones de euros en el Principado de Asturias; 8,13 millones en Castilla-La Mancha;  7 millones en Cataluña; 16,7 millones en Exremadura; 11,1 millones en la Comunidad de Madrid; y 3,75 millones en Murcia.

El IDAE continuará trabajando con las regiones para aprobar, lo antes posible, el resto de convocatorias hasta completar la dotación inicial del paquete de ayudas, de 316 millones de euros. Además, esta línea podrá ser complementada con los fondos previstos por la Unión Europea para la reactivación económica frente al COVID-19. 

ACTIVACIÓN DE INVERSIONES
Se prevé que, en conjunto, estas primeras convocatorias movilicen más 551 millones de euros en inversiones asociadas a proyectos que, además de suponer un impulso para la reactivación económica, contribuirán a la diversificación de las fuentes de energía primaria, a la reducción de la dependencia energética y evitarán la emisión de 712.000 t eq CO2/año, en línea con los objetivos marcados por el Plan Nacional Integral de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030 y del proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética. 

Por tecnologías, y de acuerdo con el reparto inicial acordado con las autonomías, estas primeras convocatorias distribuirá 65,7 millones para proyectos fotovoltaicos; 30,9 para solar térmica; 35,7 millones para biomasa; 22 millones pata gases renovables; 13 millones para geotermia e hidrotermia; 5,7 para aerotermia; 4,1 para hidráulica; 2,8 para eólica; y 750.000 euros para redes de calor. 

En total, se estima un aumento de capacidad de 344,2 megavatios (MW) en proyectos renovables de generación eléctrica, y 483 MW en iniciativas de generación térmica.

CRITERIOS DE TRANSICIÓN JUSTA Y RETO DEMOGRÁFICO
Las convocatorias de ayudas definirán las tipologías de tecnología específicas elegibles, adaptadas a las necesidades de cada región y acordados con sus autoridades. A la hora de valorar los proyectos, y también con en concierto con las regiones, se establecen criterios vinculados a la transición justa, el reto demográfico, innovación, apuesta por la eficiencia, lucha contra la pobreza energética, impulso a sectores industriales estratégicos de la región o apoyo a la participación ciudadana en el sistema energético. 

Las ayudas se resolverán por concurrencia competitiva entre las solicitudes presentadas, por lo que los importes destinados finalmente a cada una de las tecnologías dependerán del resultado de dicha concurrencia, reasignando los potenciales presupuestos sobrantes entre las distintas tecnologías.

Podrán presentarse a las convocatorias personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que vayan a realizar un proyecto acorde con estas especificaciones. También podrán solicitar subvenciones comunidades de bienes, comunidades de propietarios, agrupaciones de comunidades de propietarios y otras agrupaciones que puedan llevar a cabo la actuación de la ayuda.

El programa será cofinanciado por Fondos de la Unión Europea, como el Fondo FEDER, y podrá ser reforzado con otros instrumentos europeos dirigidos a impulsar la recuperación económica.

10/09/2020.- El objetivo de este proceso es avanzar en la mejora del conocimiento de los usuarios sobre sus datos de consumo, empoderando al ciudadano y abriendo nuevos modelos de negocio, como el de los agregadores independientes
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha abierto, hoy jueves 10, el plazo de consulta pública previa para analizar la mejora del acceso a los datos de consumo energético de los consumidores de energía eléctrica y la evolución del sistema de medida, gestión y uso de los datos.
 
El objetivo de esta consulta es recabar la opinión de las personas y entidades interesadas sobre cómo facilitar el acceso sencillo y seguro a los datos de consumo a partir de los contadores inteligentes, los posibles modelos de gestión de los datos, las prestaciones de los contadores inteligentes que deban instalarse en el futuro y la evolución del sistema de liquidación de medidas.
 
El despliegue de contadores inteligentes en España, pionero en Europa, ha supuesto un significativo avance hacia la digitalización del sistema energético y tiene un gran potencial para el empoderamiento del consumidor de energía eléctrica. Para aprovechar dicho potencial e impulsar los objetivos de descarbonización recogidos en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030, facilitando que los consumidores puedan optimizar sus facturas energéticas y consumos, es necesario habilitar mecanismos para que puedan acceder a sus datos de consumo de forma fácil y comprensible. Por ello, la consulta previa lanzada hoy pretende avanzar en la definición de las necesidades y características de esos mecanismos de acceso, identificando posibles barreras.
 
Adicionalmente, el nuevo paquete normativo europeo establece nuevos requisitos y necesidades para los contadores inteligentes de modo que ofrezcan información más completa y detallada, contribuyendo así al cumplimiento de los objetivos energéticos de la UE. En este sentido, la consulta pretende avanzar en la definición de dichos criterios de cara a los nuevos contadores que deban sustituirse o instalarse.
 
Por otro lado, el adecuado acceso a los datos y la mejora de la prestación de los contadores posibilita la aparición de nuevos modelos de negocio, como el de los agregadores independientes, recientemente incorporados al ordenamiento jurídico español mediante el Real Decreto-ley 23/2020.
 
La consulta, un formulario con 16 preguntas, se divide en tres apartados: acceso a datos, funcionalidades de la nueva generación de contadores y protocolos de telegestión de puntos de medida.
 
Las aportaciones y observaciones al documento durante su periodo de consulta pública podrán remitirse, hasta el 25 de septiembre, a la dirección bzn-consulta.redes@miteco.es, indicándose en el asunto la referencia “Acceso a datos”.
 
La consulta previa completa está disponible en este enlace de la web del MITECO
 

Se autorizan tres convocatorias de ayudas que gestionará el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Estas ayudas forman parte del paquete dotado inicialmente con 316 millones de euros cuyas convocatorias se irán activando en los próximos meses

Con estas tres líneas, que han sido definidas en colaboración con las respectivas Comunidades Autónomas, el Gobierno movilizará 124,3 millones de apoyo público en Andalucía y 12 millones de euros en Extremadura, que supondrán la instalación de una potencia renovable de 296 megavatios eléctricos (MWe) y 326 megavatios térmicos (MWt)

Las líneas suponen una apuesta importante por las energías renovables térmicas y eléctricas, impulsando la innovación tecnológica, nuevas aplicaciones y formas de gestión, o su implantación en ámbitos clave como el sector agrícola o en procesos industriales

25/08/2020.- El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), ha acordado autorizar al Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) una convocatoria de ayudas a la inversión en instalaciones de producción de energía térmica con fuentes de energía renovable en Andalucía y dos convocatorias de ayudas a la inversión en instalaciones de generación de energía eléctrica con fuentes de energía renovable en las comunidades autónomas de Andalucía y Extremadura. 

En total, se destinarán 136,3 millones para el impulso a las energías renovables en ambas regiones -124,3 millones en Andalucía y 12 en Extremadura-. En estas convocatorias las ayudas oscilarán de media entre el 20 y el 30% del coste de los proyectos, y se asignarán, por concurrencia competitiva, en función del nivel de madurez, de innovación tecnológica y de gestión, valorando su vinculación con la Transición Justa y el Reto Demográfico o la generación de empleo.

Se trata de las primeras convocatorias de un paquete de impulso de las energías renovables dotado inicialmente con 316 millones de euros, del cual se están ultimando las convocatorias orientadas al resto de las Comunidades Autónomas, en colaboración con los respectivos gobiernos autonómicos.

Se prevé que estas ayudas movilicen más de 440 millones de euros en inversiones asociadas a proyectos que, además de suponer un impulso para la reactivación económica, contribuirán a la diversificación de las fuentes de energía primaria, a la reducción de la dependencia energética y evitarán la emisión de 570.000 t/año de CO2, en línea con los objetivos marcados por el Plan Nacional Integral de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030 y del proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que establecen un objetivo para 2030 del 42% de energías renovables sobre el uso de energía final del país y del 100% en 2050, fecha a partir de la cual se alcanzará la neutralidad de emisiones. En el caso de la generación eléctrica, el porcentaje de renovables en 2030 alcanzará el 74%.

El diseño de las convocatorias ha sido realizado de manera coordinada con los distintos departamentos ministeriales y las correspondientes consejerías de Energía de las Comunidades Autónomas, orientando las tipologías de actuaciones subvencionables y criterios de valoración a las casuísticas concretas de cada territorio, el impulso de los objetivos del PNIEC y la eficiencia en la gestión de los fondos públicos. 

Con el objeto de impulsar la innovación tecnológica o de gestión así como maximizar el impacto social y económico de estas ayudas, en cada convocatoria se definen tipologías de tecnología específicas elegibles, así como criterios de puntuación para la adjudicación de los fondos entre los proyectos presentados. En este sentido, se establecen criterios vinculados con la innovación, la participación social en los proyectos o el impulso de Comunidades de Energías Renovables, actuaciones vinculadas a Transición Justa o el Reto Demográfico, la cohesión económica y social del territorio mediante la generación de empleo, el desarrollo rural o la lucha contra la despoblación; o el impulso del desarrollo industrial y empresarial en sectores productivos o áreas geográficas determinadas para dar respuesta a retos concretos que se plantean en las distintas regiones de España, identificados en colaboración con cada Comunidad Autónoma.
 
Podrán presentarse a las convocatorias personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que vayan a realizar un proyecto acorde con estas especificaciones. También podrán solicitar subvenciones comunidades de bienes, comunidades de propietarios, agrupaciones de comunidades de propietarios y otras agrupaciones que puedan llevar a cabo la actuación de la ayuda.

El programa será cofinanciado por Fondos de la Unión Europea, como el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), y podrá ser reforzado con otros instrumentos europeos dirigidos a impulsar la recuperación económica.

Apuesta por el sector agroalimentario

En Andalucía y Extremadura las ayudas supondrán una apuesta importante por el impulso a las energías renovables térmicas y eléctricas en el sector agroalimentario y sus industrias conexas, con  partidas específicas que permitirán el desarrollo de proyectos como instalaciones de generación y aprovechamiento de biogás agroindustrial o instalaciones fotovoltaicas en autoconsumo para industrias estacionales del sector, en el caso de la generación de energía eléctrica, o calderas de biogás o  biomasa o el uso de geotermia en invernaderos en el caso de las instalaciones de producción de energía térmica. Estas tipologías de actuación cuentan en estas tres convocatorias con un presupuesto de hasta 63 millones de euros –hasta 61 millones en Andalucía y hasta 1,7 en Extremadura-, cuya asignación definitiva dependerá de las solicitudes que se presenten en el proceso de concurrencia competitiva. 

Estas inversiones permiten una reducción de costes y de la dependencia energética de las empresas del sector agrícola, permitiendo mejorar su competitividad y reducir su exposición a las variaciones de los precios de los combustibles. 

Estas ayudas forman parte de los acuerdos alcanzados en febrero por el Gobierno en el marco de la Mesa de Diálogo Agrario para impulsar la instalación de fuentes de energía renovables en agricultura y ganadería.

Renovables, claves para la recuperación

Esta convocatoria supone la movilización de 124,3 millones de euros en apoyo público para Andalucía. En concreto, las ayudas a la inversión en instalaciones de producción de energía térmica a partir de fuentes de energía renovables están dotadas con un total de 73,7 millones de euros que incentivarán al menos 326 MW con una inversión asociada en el entorno de los 113 M€. Para la inversión en instalaciones de generación eléctrica con energía de la biomasa, eólica y solar fotovoltaica en Andalucía se destinarán ayudas por un total de 50,6 millones de euros esperando la instalación de al menos 267 MW y la movilización de inversiones por al menos 290 M€. 

En Extremadura, el Consejo de Ministros también ha autorizado al IDAE la convocatoria de ayudas a la inversión en instalaciones de energía eléctrica con fuentes de energía renovable por un total de 12 millones de euros que supondrán la instalación de al menos 29 MW, movilizando al menos 37 M€ de inversión. 

Estas actuaciones son las primeras de una serie de convocatorias que el IDAE publicará en los próximos dos meses, elaboradas junto a los distintos departamentos de las Comunidades Autónomas a fin de impulsar el desarrollo de proyectos de energías renovables tanto para la producción de energía térmica como para la generación de energía eléctrica, y cuya dotación total podrá ser ampliada mediante fondos que provengan del plan de recuperación. 

Estas líneas de ayuda dirigidas a las energías renovables se suman a otras actuaciones ya en marcha por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico orientadas a la recuperación económica basada en la eficiencia energética y las energías renovables: MOVES (movilidad eléctrica y sostenible), dotado con 100 millones de euros; y el Plan de Rehabilitación Energética de Edificios (PREE) con un presupuesto de 300 millones. 

 Adif Alta Velocidad recibe una ayuda de 1,18 millones de euros del IDAE para apoyar la implantación de un sistema recuperador de la energía proveniente del frenado regenerativo de los trenes en seis subestaciones de la red convencional

Actualmente está en curso la instalación y puesta en marcha de equipos inversores en otras seis subestaciones de la red convencional, proyectos que también han sido incluidos en el programa de ayudas del IDAE

La recuperación de la energía del frenado regenerativo genera ahorro energético y económico y permite la disminución de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), contribuyendo por lo tanto a la lucha contra el cambio climático

Madrid, 6 de agosto de 2020.- Adif Alta Velocidad (Adif AV) ha concluido la implantación de un sistema recuperador de la energía proveniente del frenado regenerativo de los trenes en seis subestaciones de la red convencional, unos proyectos subvencionados por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), en el marco del Programa de Ayudas para actuaciones de eficiencia energética en el sector ferroviario del Fondo Nacional de Eficiencia Energética (FNEE). Una vez justificados los ahorros energéticos conforme a las bases del Programa de Ayudas del IDAE, éste ha comunicado que abonará a Adif Alta Velocidad la ayuda concedida, que asciende a 1,18 millones de euros.

El objetivo de estos proyectos es evitar que el excedente de energía generada por el frenado regenerativo se disipe, recuperándolo para ser devuelto a la red eléctrica de alta tensión. Esta recuperación tiene diferentes ventajas: ahorro energético, ahorro económico y disminución de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), contribuyendo por lo tanto a la lucha contra el cambio climático.

El importe total de los fondos recibidos representa el 27% de los 4,36 millones de euros de inversión que suponen los seis proyectos desarrollados, correspondientes a las subestaciones de Getafe y Alcorcón (Madrid), Olabeaga (Vizcaya), Guarnizo (Cantabria), Martorell y Arenys del Mar (Barcelona).

El apoyo del IDAE a esta iniciativa, en el marco de su ‘Programa de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en el sector ferroviario’, se extiende a un total de 12 subestaciones de la red convencional. En 2018 Adif solicitó las ayudas para otras seis subestaciones, que actualmente se encuentran en curso: Tres Cantos, Alcalá de Henares, Pinto y Leganés (Madrid) y Granollers y Castellbisbal (Barcelona).

Contribución a la lucha contra el cambio climático

Los seis proyectos han ayudado a reforzar la contribución del ferrocarril a la lucha contra el cambio climático, generando una reducción de emisiones de 2.417 tCO2eq/año (el equivalente a 210 vuelos de 100 personas para el trayecto Madrid – Barcelona), que desde el punto de vista energético y económico generan un ahorro de 10,45 GWh/año (un 26% con respecto al consumo energético medio de las seis subestaciones) y 721.722 €/año.

Todos estos proyectos se encuentran incluidos en la línea de Eficiencia energética del Plan de Lucha Contra el Cambio Climático 2018-2030 y contribuyen a la consecución del objetivo Medio Ambiente y Clima, del Plan Estratégico 2030 de Adif y Adif AV, a través de los indicadores de mejora de la eficiencia energética y reducción de emisiones de GEI.

Así mismo, las subestaciones reversibles forman parte de las iniciativas que integran los PVE (proyectos verdes elegibles) del documento marco (framework) para la emisión de bonos verdes de Adif AV.

Subestaciones reversibles: un sistema recuperador de la energía de frenado de los trenes

Las actuaciones presentadas se centran en la habilitación de la reversibilidad en las subestaciones eléctricas de la red convencional mediante la instalación de un inversor recuperador de energía del frenado regenerativo.

Al contrario de lo que sucede con las líneas de alta velocidad, que al emplear corriente alterna devuelven la energía a la red eléctrica de suministro de manera natural, en los sistemas ferroviarios que emplean corriente continua, como es el caso de la red convencional de Adif, la devolución de esta energía no puede ser realizada en las condiciones actuales.

Por tanto, la energía generada en el frenado solo puede aprovecharse por otros trenes que se encuentren en la misma sección eléctrica. El resto de energía no aprovechada se disipa en las resistencias del propio tren y, por lo tanto, se pierde. Esta limitación queda solucionada con la instalación de un equipo inversor, que habilita la conversión a subestaciones de tracción reversibles en la red convencional, de modo que pueda equiparar su eficiencia energética a la existente en la red de alta velocidad.

Sobre el IDAE

El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) es un organismo oficial que tiene entre sus funciones fomentar el uso de nuevas fuentes de energía, la racionalización del consumo y la reducción de los costes energéticos.

Desde este marco, el IDAE lanzó en 2015 el ‘Programa de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en el sector ferroviario’, que busca la implantación de nuevas tecnologías y/o mejores prácticas en la gestión y explotación ferroviaria, para conseguir incrementos en la eficiencia energética, ahorros de energía y/o trasvase modal desde los modos de carretera o avión. 

Las actuaciones susceptibles de presentarse a la convocatoria del IDAE debían conseguir una reducción de las emisiones de dióxido de carbono y del consumo de energía final, mediante la mejora de la eficiencia energética con respecto a la situación inicial.

El Boletín Oficial del Estado publica hoy las bases reguladoras de las dos primeras líneas de acción, con un presupuesto de 246 millones de euros. Además, el Ejecutivo ultima convocatorias específicas para Illes Balears, dotada con 20 millones, y Canarias, a la que se destinará 54 millones

Para la adjudicación, se pueden establecer criterios vinculados con la Transición Justa y el Reto Demográfico, la lucha contra la pobreza energética, la generación de empleo, el apoyo a sectores productivos concretos

Este conjunto de ayudas contribuirá a la consecución de los objetivos que se ha fijado España en esta materia: duplicar el consumo de energía renovable en 2030, y alcanzar un sistema energético renovable a mediados de siglo. Además, favorecerán la generación de empleo y de actividad económica en el segmento industrial de las renovables, que en España es puntera

05/08/2020.- El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) destinará, a lo largo de los próximos meses 316 millones de euros a ayudas para apoyar proyectos innovadores que favorezcan la integración de energías renovables en los sistemas de generación de energía eléctrica o térmica. Estas líneas de actuación, elaboradas en colaboración con las Comunidades Autónomas y las Ciudades de Ceuta y Melilla, contribuirán a la consecución de los objetivos que se ha fijado España en esta materia: duplicar el consumo de energía renovable en 2030, y alcanzar la neutralidad climática en 2050.

En concreto, el Boletín Oficial del Estado (BOE)  ha publicado hoy, miércoles 5 de agosto, dos bases reguladoras para la concesión de 246 millones de euros en ayudas a proyectos renovables a través de convocatorias en régimen de concurrencia competitiva. Estas líneas se complementarán con dos próximas convocatorias específicas para la promoción de proyectos renovables en Illes Balears, con un presupuesto de 20 millones de euros; y Canarias, donde se destinarán otros 54 millones de euros. En los dos últimos años, y con el objeto de eliminar barreras ligadas a la insularidad en la integración de renovables, el Gobierno ha destinado 140 millones al impulso renovable en ambos archipiélagos.

Este conjunto de convocatorias, alineadas con las prioridades marcadas por la Unión Europea de cara a la reactivación económica frente al COVD-19, favorecerán la generación de empleo y de actividad económica en el segmento industrial de las renovables, que en España es puntero, así en sectores asociados, como el de la construcción. De igual modo, la mayor presencia de energías limpias en el sistema que facilitarán estas líneas de ayudas, ejercerá un efecto tractor sobre la economía y la industria española, que se beneficiará de los ahorros asociados a las renovables, que constituyen la fuente de generación más barata en la actualidad.

Proyectos de energía térmica y de generación eléctrica

La línea de acción publicada hoy, que será coordinada por  Instituto para el Ahorro y la Diversificación de la Energía (IDAE), se otorgará en régimen de concurrencia competitiva a través de convocatorias. , cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y que podrán ser reforzadas con fondos adicionales ligados a la recuperación económica.

Se establecen dos tipologías de ayudas:

Proyectos de producción de energía térmica con fuentes renovables, incluyendo instalaciones de producción de gases renovables, como, por ejemplo, bombas de calor o sistemas de energía solar de concentración para aportar calor a procesos industriales, reduciendo emisiones y mejorando la competitividad de los sectores.

Proyectos  de generación eléctrica con fuentes renovables, como pueden ser proyectos eólicos o fotovoltaicos con almacenamiento o para autoconsumo.

A partir de estas dos bases reguladoras, se podrán realizar diversas convocatorias en función del territorio y tipología de tecnología. Podrán presentarse a las convocatorias personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que vayan a realizar un proyecto acorde con estas especificaciones. También podrán solicitar subvenciones comunidades de bienes, comunidades de propietarios, agrupaciones de comunidades de propietarios y otras agrupaciones que puedan llevar a cabo la actuación de la ayuda.

El importe de la ayuda, que no podrá exceder de 50 millones, se determinará en cada una de las convocatorias y de acuerdo a criterios como la potencia instalada asociada al proyecto.

Para obtener una de las subvenciones, que serán a fondo perdido, las bases reguladoras fijan unos criterios básicos para la selección de los proyectos, que serán posteriormente detallados en cada una de las convocatorias que se realicen. Con carácter general, se podrá tener en cuenta el criterio económico y la viabilidad administrativa del proyecto.

El presupuesto inicialmente disponible para cada territorio dependerá de los remanentes en la programación FEDER 2014-2020 para el Objetivo Temático 4 (Economía Baja en Carbono).

Ponderación de criterios de transición justa

Con el objeto de atraer el mayor número de proyectos posibles a los territorios afectados directamente por el cambio de modelo energético y, en concreto, por cierres de minas o centrales térmicas no renovables, las dos órdenes ministeriales habilitan la posibilidad de que la Transición Justa sea uno de los criterios que determinen la concesión de la ayuda. En concreto, se establece como posible criterio de ponderación la localización del proyecto en una zona donde estén activos procesos de Transición Justa.

Asimismo, la Comisión de Evaluación podrá tener en cuenta, sí así se establece en la convocatoria, otras externalidades asociadas al proyecto. Entre ellas, que iniciativas actúen contra la pobreza energética; favorezcan la cohesión económica y social del territorio mediante la generación de empleo, el desarrollo rural o la lucha contra la despoblación; o activen el desarrollo industrial y empresarial en sectores productivos o áreas geográficas determinadas para dar respuesta a retos concretos que se plantean en las distintas regiones de España establecidas según el conocimiento de los técnicos de las agencias y direcciones generales de energía de cada Comunidad Autónoma.

También se podrá evaluar el carácter innovador del proyecto,  el tipo de uso final que se dé a la energía que genere el proyecto, la integración de distintas fuentes de energía renovable mediante hibridación o la agrupación de distintos consumidores para optimizar la gestión de demanda. También se podrá valorar positivamente que las propuestas apoyen las comunidades de energías renovables, mecanismos de participación ciudadana, comunidades energéticas locales y Empresas de Servicios Energéticos.

Las bases reguladoras permiten realizar convocatorias con cargo al programa hasta el 31 de diciembre de 2021, salvo que se haya dispuesto de toda la partida presupuestaria que, por otro lado, podrá ser ampliada con fondos comunitarios destinados a la recuperación económica de la UE.

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Orden TED/765/2020, de 3 de agosto, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de ayudas a la inversión en instalaciones de producción de energía térmica con fuentes de energía renovable, susceptibles de ser cofinanciadas con fondos de la Unión Europea

Orden TED/766/2020, de 3 de agosto, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de ayudas a la inversión en instalaciones de generación de energía eléctrica con fuentes de energía renovable, susceptibles de ser cofinanciadas con fondos de la Unión Europea.

La medida permite que cada usuario del inmueble conozca y reciba información sobre su consumo energético en calefacción o refrigeración y abone únicamente la cantidad que realmente consume, pudiendo así adecuar y optimizar su uso, lo que supondrá un ahorro medio del 24%

La normativa se aplica a los edificios con calefacción central construidos antes de 1998 y situados en las zonas climáticas más frías. Quedan exentos los edificios en los que no se pueda recuperar la inversión en un máximo de cuatro años

El Gobierno habilitará una partida presupuestaria para facilitar la instalación de los equipos a aquellos consumidores que se encuentren en una situación de vulnerabilidad

Esta norma completa la transposición de la Directiva de Eficiencia Energética de 2012, sobre la que existe un procedimiento de infracción contra el Reino de España, y transpone algunos aspectos de la nueva Directiva de 2018

Se estima que la instalación de contadores impulsará la creación de entre 2.000 y 3.000 empleos, tanto directos como indirectos

04/08/2020.- El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha aprobado hoy, martes 4 de agosto, un Real Decreto por el que se regula la instalación de contadores individuales en los edificios con sistemas de calefacción y refrigeración central. La norma se aprueba en cumplimiento de la normativa de la Unión Europea (UE), que mantiene un procedimiento de infracción contra España desde 2015 por no haberla adoptado. Su aplicación redundará en un menor gasto energético en las viviendas –con un ahorro medio estimado del 24%–, aumentando la autonomía de los usuarios para decidir cómo optimizar su consumo y mejorar el confort de su vivienda.

La normativa será de aplicación en edificios con sistemas de calefacción o refrigeración construidos antes de la aprobación del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios de 1998, ya que todos los edificios construidos posteriormente ya están obligados a instalar dispositivos de contabilización individuales. Quedan exentos de la instalación de contadores individuales los edificios situados en las zonas más cálidas del país y los supuestos en los que la inversión no pueda recuperarse en un máximo de cuatro años, a partir de los ahorros que se pueden generar. Además, los consumidores con la condición de vulnerables podrán ser beneficiarios de una ayuda directa para el cumplimiento de esta obligación, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.

El Real Decreto fija fechas límite para que estén activos los dispositivos en los edificios que, en todos los casos, no expiran antes de 2022. No habrá, por tanto, una obligación inmediata de adaptar las viviendas de cara al próximo inverno 2020-2021. Se estima que su aplicación podrá impulsar la creación de entre 2.000 y 3.00 puestos de trabajo, directos e indirectos, vinculados fundamentalmente a las cerca de 1.500 pequeñas y medias empresas (PYMEs) que cuentan con homologación para realizar este tipo de instalaciones.

Mejora de la eficiencia energética de las casas

El Real Decreto aprobado hoy completa la trasposición de la Directiva 2021/27/UE de Eficiencia Energética, que establece la obligatoriedad de instalar sistemas de contabilización individualizada de calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria. Su principal objetivo es mejorar el rendimiento energético en edificios, basándolo en el consumo individual. Con ello, se posibilita que cada usuario del inmueble abone únicamente la cantidad que consume, lo que le permite adecuar y optimizar el uso que hace de la energía, garantizar un confort adecuado, evitar costes innecesarios y rebajar la huella de carbono del edificio.

Su instalación puede suponer un ahorro económico medio del 24% del gasto total del edificio y, en consecuencia, en la mayor parte de los casos la inversión necesaria para instalar los dispositivos queda recuperada en un plazo inferior a cuatro años. De hecho, el Real Decreto exime de su cumplimiento a aquellos edificios en los que no sea posible esta recuperación de costes antes de 4 años. De igual modo, quedan exentos de su instalación los inmuebles ubicados en las zonas climáticas más cálidas, zonas α, A y B definidas en el Código Técnico de Edificación.

Solo si es técnica y económicamente viable

Para determinar si un inmueble debe proceder a la instalación de los contadores, el Real Decreto determina una serie requisitos. Con ello, se asegura que la instalación se efectúa solo en aquellos casos en los que sea técnica y económicamente viable:

• En primer lugar, es preciso comprobar que la edificación se ubica en una de las zonas térmicas a las que se aplica la norma (C, D y E del Código Técnico de Edificación[1]).
• En caso de que sea así, será preciso solicitar, al menos, un presupuesto, gratuito y estandarizado, a un instalador homologado. El presupuesto deberá determinar si la instalación es posible técnicamente y si es económicamente rentable:
  • Con carácter general, instalar contadores individuales es viable técnicamente en los sistemas de calefacción central de anillo, que tienen un único punto de entrada y de salida para cada vivienda. Si, por el contrario, el edificio cuenta con un sistema de calefacción central en columna, la instalación de contadores no será posible. En su defecto, la norma establece que –solo para la regulación de la calefacción- se instalen repartidores de costes. Se trata de un tipo de dispositivo electrónico que se coloca sobre la superficie del radiador y que permite calcular el consumo energético.
  • El presupuesto deberá contemplar si el periodo estimado de recuperación de la inversión es inferior a cuatro años. De lo contrario, se considerará que la instalación no es económicamente rentable y el edificio quedará exento de acometerla.

Instalaciones a partir de 2022

El Real Decreto establece un calendario gradual para el cumplimiento de sus obligaciones que alcanza  2022, de modo que no será necesario realizar la instalación en el próximo invierno 2020-2021. En concreto, la norma establece dos plazos: primero, la fecha límite para obtener al menos un presupuesto estandarizado; y, segundo, la fecha límite para tener activa la instalación, que será siempre 15 meses después.

Los límites temporales para obtener al menos un presupuesto acreditativo son:

1 de febrero de 2021, para edificios de uso diferente a vivienda y, si se ubican en la zona climática E (la más fría), edificios de 20 viviendas o más.

1 de julio de 2021, para edificios con menos de 20 viviendas si se ubican en zona climática E; e inmuebles con al menos 20 viviendas localizados en zona climática D.

1 de diciembre de 2021, edificios de menos de 20 viviendas en la zona D; y edificios de al menos 20 viviendas en la zona climática C.

1 de febrero de 2022 para edificios de menos de 20 viviendas localizados en la zona C.

Teniendo en cuenta que el titular deberá proceder a la instalación en un plazo máximo de 15 meses desde las fechas límite para pedir presupuesto, los contadores o repartidores deberán estar activos, respectivamente, no más tarde del 1 de mayo de 2022; 1 de octubre de 2022; 1 de marzo de 2023; y 1 de mayo de 2023.  

Con estos plazos amplios, el Real Decreto facilita que la instalación sea acometida en periodos en los que no sea necesario encender la calefacción y que las 1.500 empresas –en su mayoría PYMES– que cuentan con homologación en la actualidad puedan atender todas las solicitudes. Se estima que la aplicación del Real Decreto generará en torno a 2.000 o 3.000 puestos de trabajos, directos e indirectos.

Por otro lado, y con el objeto de apoyar a los colectivos más vulnerables en la implantación de esta medida, que favorecerá un consumo más eficiente, el Gobierno habilitará una partida presupuestaria para la concesión de ayudas.

Procedimiento de infracción de la UE a España

En 2015, la Comisión Europea inició un procedimiento de infracción a España por no haber traspuesto la Directiva de Eficiencia Energética en los plazos establecidos. El proceso prosiguió con los trámites previstos de la carta de emplazamiento,  dictamen motivado y, finalmente, la demanda de la Comisión Europea contra el Reino de España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que dictará su sentencia próximamente. La aprobación de este Real Decreto completa la trasposición y contribuirá a evitar que España se vea obligada al pago de una sanción por el incumplimiento de sus obligaciones de desarrollo normativo.

El programa de Rehabilitación Energética de Edificios (PREE) subvencionará cambios en la envolvente térmica, sustitución de calderas por opciones renovables o mejoras en la eficiencia de iluminación

Esta línea de ayudas será coordinada por el Instituto para el Ahorro y la Diversificación de la Energía (IDAE), dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

En la actualidad, el parque de edificios supone el 30% del consumo de energía de España. Este programa de ayudas contribuirá a su descarbonización progresiva hasta llegar a la neutralidad climática en 2050

PREE se alinea con las políticas de reactivación económica frente el COVID-19 de la Unión Europea, centradas en la transición energética y la digitalización, generando un efecto incentivador sobre la generación de empleo y actividad económica en el sector de la construcción

04/08/2020.- A propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), el Consejo de Ministros ha aprobado hoy, martes 4 de marzo, un Real Decreto que regula el Programa de Rehabilitación Energética de Edificios (PREE), que destinará 300 millones de euros para ayudas directas a actuaciones de mejora de la eficiencia energética en edificios construidos antes de 2007, como puede ser cambio de la envolvente térmica o la sustitución de antiguas calderas por opciones renovables, como la termosolar o la geotérmica.

El PREE, contempla un mayor porcentaje de ayuda para los consumidores vulnerables, se alinea con las políticas de reactivación económica frente el COVID-19 de la Unión Europea, centradas en la transición energética y la digitalización, generando un efecto incentivador sobre la generación de empleo y actividad económica en el sector de la construcción, así como los vinculados a la puesta en marcha de instalaciones eléctricas y térmicas.

De igual modo, este programa de ayudas contribuye a la consecución del Plan Nacional de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030, que planifica una senda de descarbonización para que, a final de esta década, el 74% del sistema eléctrico sea de origen renovable; y con la Estrategia a Largo Plazo (ELP), actualmente en trámite de consulta pública, que marca la senda para que España alcance la neutralidad climática en 2050.

Ambos documentos señalan la necesidad de actuar en el parque de edificios, que en la actualidad supone un 30% de la energía final consumida en el país, para lograr que sea plenamente sostenible a mediados de siglo. Esta “ola de rehabilitación” generará, según estimaciones del PNIEC, unos 48.000 empleos anuales netos entre 2021 y 2030.

Gestión autonómica

El PREE será coordinado por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), dependiente de MITECO. A partir de las bases reguladoras aprobadas hoy en Consejo de Ministros, las Comunidades y Ciudades Autónomas deberán realizar y publicar su respectiva convocatoria de ayudas.

A las convocatorias que publique cada región se podrán presentar comunidades de propietarios, comunidades de energías renovables y comunidades ciudadanas de energía, propietarios individuales de edificios, sean personas físicas o jurídicas, agrupaciones de propietarios de edificios, empresas explotadoras, arrendatarias o concesionarias de edificios, empresas o proveedores de servicios energéticos, y entidades locales.

La fecha límite de presentación de solicitudes vendrá marcada por cada región en su respectiva convocatoria. En todo caso, nunca podrá ser posterior al 31 de julio de 2021.

Los 300 millones con los que cuenta PREE, provenientes del Fondo Nacional de Eficiencia Energética, se distribuirán entre las regiones según el criterio objetivo de número de primeras viviendas recogidas en el censo de población del Instituto Nacional de Estadística. El reparto queda fijado de esta manera:

Este presupuesto podrá ser ampliado tanto con nuevas asignaciones del Fondo de Eficiencia Energética como de otros instrumentos de financiación que adjudiquen partidas al IDAE. Además el PREE podrá ser cofinanciado con aportaciones del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y, en su caso, con las que pudieran establecerse en otros instrumentos y programas de  la Unión Europea destinados a la recuperación económica frente a la crisis sanitaria del COVID-19.

Las Comunidades y Ciudades Autónomas podrán, en sus respectivas convocatorias,  realizar adaptaciones para adecuarlas a la realidad de cada región.

Actuaciones subvencionables

Las actuaciones subvencionables por PREE corresponden a tres tipologías:                              

• Mejora de la envolvente térmica del edificio
• Mejora de la eficiencia energética de las instalaciones térmicas, por ejemplo, de calefacción, climatización o producción de agua caliente sanitaria, con alternativas como:
  • Sustitución energía convencional por energía solar térmica.
  • Sustitución de energía convencional por energía geotérmica.
  • Sustitución de energía convencional por biomasa en las instalaciones térmicas.
  • Mejora de la eficiencia energética de los subsistemas de generación no incluidos anteriormente, como la bomba de calor.
  • Mejora de la eficiencia energética de subsistemas de distribución, regulación, control y emisión de las instalaciones térmicas. En este punto se incluyen sistemas de domótica, sistemas de monitorización y otros sistemas digitales que permitan una mejor gestión y la reducción del consumo energético del edificio
• Mejora de las instalaciones de iluminación.

Las actuaciones deberán realizarse sobre un edificio de viviendas; un edificio de vivienda unifamiliar o un edificio con uso diferente al de vivienda, como pueden ser el sanitario, administrativo, docente o cultural. Excepcionalmente, en atención a la tipología edificatoria o a las características climáticas, las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla podrán considerar subvencionables las actuaciones sobre una o varias viviendas o locales del mismo edificio, consideradas individualmente o sobre partes de un edificio.

No serán actuaciones subvencionables las realizadas en edificios de nueva construcción, las que supongan una ampliación que incremente superficie o volumen construido, y las que conlleven un cambio de uso de edificio.

En todos los casos, los solicitantes deberán acreditar que la rehabilitación para la que solicitan subvención mejorará la calificación energética total del edificio en, al menos, una letra medida en la escala de emisiones de dióxido de carbono (kg CO2 /m2 año), con respecto a la calificación energética inicial del edificio.

La cuantía de las ayudas será del 35% del coste de la actuación, salvo en el caso de las mejoras de eficiencia energética en instalaciones de iluminación, en los que la ayuda será del 15%. En caso de que se opte por subvencionar rehabilitaciones en viviendas individuales, el porcentaje será del 25% en el caso de envolventes e instalaciones térmicas, y del 15% en actuaciones de iluminación.

Apoyo adicional a colectivos vulnerables

Los consumidores acreditados como vulnerables y que sean beneficiarios del bono social verán incrementados los porcentajes de ayuda en un 15%. Así, por ejemplo, una actuación sobre una envolvente podría contar una subvención del 50% del coste.

De igual modo, PREE aplica un 15% de mejora en el porcentaje de ayudas para las actuaciones que se realicen en edificios de vivienda que se encuentren acogidos a algún régimen de protección pública y aquellos que se ubiquen en Áreas de Regeneración y Renovación Urbanas o Rurales.

Por otro lado, y para potenciar la constitución de comunidades de energías renovables o las comunidades ciudadanas de energía, estas figuras tendrán derecho a ayuda adicional en función del gasto subvencionable, llegando al 20% adicional en caso de la mejora de envolvente térmica.

Incentivo a la eficiencia

Con el objeto de incentivar aquellas actuaciones más eficientes, se establece una mejora para las solicitudes eleven la calificación energética del edificio hasta la etiqueta energética «A» o «B», en la escala de CO₂, o bien, incrementen en dos letras la calificación energética de partida. 

En esta misma línea, también se incentivan las actuaciones integradas, es decir, aquellas que acometan mejora en dos o más tipologías. En este caso, la mejora sobre el porcentaje inicial será como máximo del 20%. Para acceder a ella, el PREE establece condiciones: de un lado, una de las mejoras debe ser sobre la envolvente térmica y ha de suponer una disminución mínima de la demanda global de calefacción y refrigeración del 30%; y, de otro, esta medida tiene que combinarse con otra actuación sobre la instalación térmica que suponga, al menos, la sustitución del 60% de la potencia de generación térmica existente o, en el caso de los edificios de uso diferente a la vivienda, con mejoras sobre la iluminación que impliquen una mejora de la eficiencia energética de al menos el 25% de la superficie iluminada.

En cualquier caso, una de las tipologías de actuación podrá ser sustituida por la realización de una instalación solar fotovoltaica o de otra tecnología renovable de generación eléctrica, con o sin acumulación, destinada al autoconsumo del edificio cuando su potencia instalada sea como mínimo del 10% de la potencia eléctrica contratada.

Las ayudas otorgadas en este programa serán compatibles con otras ayudas concedidas, para la misma finalidad, por cualquier administración pública, organismos o ente público, nacional o internacional, siempre que no se supere el coste de la actividad subvencionada y se cumplan las dos condiciones siguientes:

• Que no se superen los límites establecidos por el Reglamento (UE) nº 651/2014, de 17 de junio de 2014, para aquellos destinatarios finales que sean empresas o desarrollen actividad comercial o mercantil.
• Que las ayudas otorgadas por las otras Administraciones, para la misma actuación, no cuenten con cofinanciación de Fondos Europeos.

Establecerá las líneas de actuación para promover el autoconsumo renovable, situando al ciudadano en el centro del sistema energético, y activar su uso como herramienta clave en la lucha contra la pobreza energética

La Estrategia abordará el potencial en un contexto de reactivación económica, en la que el autoconsumo puede ser una fuente de generación de empleo y ejercer un efecto tractor sobre el conjunto de la cadena de valor

Gracias al ahorro en costes energéticos que implica el autoconsumo, su extensión puede suponer una palanca para mejorar la competitividad y la modernización de sectores económicos como el industrial, de servicios o las administraciones públicas

30/07/2020.- El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha abierto hoy, jueves 30 de julio, la consulta pública previa de cara a la elaboración de la Estrategia Nacional de Autoconsumo, que establecerá las líneas de actuación para promover el autoconsumo renovable, situando al ciudadano en el centro del sistema energético, y activar su uso como herramienta clave en la lucha contra la pobreza energética.

Asimismo, la Estrategia desarrollará los instrumentos para promocionar su uso compartido, con fórmulas como las comunidades energéticas, y facilitará la implantación de aplicaciones en ámbitos como el industrial o de sector servicios en un contexto de reactivación económica. En este sentido, el autoconsumo no solo constituye una fuente directa de generación de empleo y actividad, ligada a su instalación, sino que también ejerce un efecto tractor sobre el conjunto de la cadena de valor española, que pueden beneficiarse del ahorro de costes energéticos y el impulso a la modernización asociados al autoconsumo.

La elaboración de la Estrategia Nacional de Autoconsumo responde al mandato del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PINEC) 2021-2030, que contempla en su planificación las distintas potencialidades de esta forma de generación de energía: acerca la generación energética al consumo efectivo, lo cual reduce pérdidas y mejora la eficiencia; impulsa las fórmulas de consumo compartido,  permiten aprovechar al máximo la capacidad de generación y, por tanto optimizar la inversión; favorece la implicación de los consumidores en la producción renovable sobre el territorio; puede suponer una palanca en la competitividad de los sectores económicos e industriales, incluyendo el sector público; y constituye una herramienta para mitigar la pobreza energética y la dependencia energética de los hogares y colectivos vulnerables.

La Estrategia permitirá completar el marco de acción del Gobierno en esta materia tras los cambios normativos impulsados por el Ejecutivo en los últimos dos años y que ha permitido, según datos del sector, que se duplique la potencia instalada de autoconsumo en España. En concreto, el Real Decreto-ley 15/2018, que derogó el denominado impuesto al sol; y el Real Decreto 244/2019, que aportó seguridad y certidumbre a los usuarios habilitando la figura del autoconsumo colectivo, estableciendo el sistema de compensación de excedentes o simplificando la tramitación y requisitos para este tipo de instalaciones.

A partir de este nuevo marco normativo, la Estrategia analizará el potencial de penetración del autoconsumo en los distintos ámbitos,  las posibles barreras y necesidades, así como las medidas y actuaciones necesarias para aprovechar todas las oportunidades que ofrece a consumidores y sectores económicos, y para garantizar una adecuada integración en el sistema.

Autoconsumo y reactivación

En un contexto de reactivación económica tras la crisis sanitaria, el autoconsumo puede jugar un papel relevante en la generación de actividad económica y empleo en el corto plazo, no solo de forma directa sino también por el efecto tractor sobre las distintas cadenas de valor locales y a través  del ahorro en costes energéticos para consumidores domésticos, industriales, del sector servicios o administraciones públicas.

La consulta previa, que recibirá contribuciones hasta el próximo 18 de septiembre, incluye 18 de preguntas sobre las oportunidades, retos y barreras que existen en la actualidad para la implantación del autoconsumo y, en concreto, cuáles son las necesidades más urgentes de cara a una reactivación económica rápida y sostenible.

La consulta incluye cuestiones sobre sectores específicos como el agrícola, el industrial o el de servicios; nuevos modelos de negocio; el papel que deben jugar las administraciones públicas; o las comunidades de energía. También se pregunta por las actuaciones necesarias para combatir la pobreza energética desde este ámbito.

Las alegaciones pueden enviarse a la dirección de correo bzn-autoconsumo@miteco.es, indicando en el asunto “Estrategia de Autoconsumo”

Toda la documentación está disponible en este enlace de la página Web del MITECO.

Los Ministerios para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y de Consumo ponen en marcha la campaña “Recuerdos inolvidables. La mascarilla es para ti, no para la naturaleza” para promover el uso de mascarillas protectoras y sensibilizar a los ciudadanos sobre los efectos del abandono en entornos naturales

Una mascarilla higiénica común, abandonada en un entorno natural, puede tardar en degradarse entre 300 y 400 años

30 de julio de 2020- Una mascarilla higiénica común, abandonada en un entorno natural, puede tardar en degradarse entre 300 y 400 años. Y, mientras desparece, puede afectar de múltiples formas a la flora y fauna del entorno, al agua y a los suelos que conforman ese espacio; o incluso acabar en el mar, uniéndose a los más de ocho millones de toneladas de residuos plásticos que se vierten anualmente a los océanos.

El uso de mascarillas es indispensable para poder hacer frente a la crisis sanitaria provocada por el COVID-19, también mientras se disfruta de los espacios de alto valor natural que cubren, aproximadamente, el 30% del territorio. Sin embargo, el uso de estos protectores no puede agravar un problema que afecta a los entornos naturales a escala global: el abandono indiscriminado de residuos, en su mayor parte de origen plástico, un fenómeno conocido, en su acepción inglesa, como littering y que el Gobierno de España ya incluye como uno de los indicadores para evaluar la calidad ambiental del país.

Para promover, por un lado, el uso de mascarillas en las salidas al campo, al bosque o a la playa; y, por otro, para alertar sobre el impacto de su abandono u olvido en entornos naturales, los Ministerios para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y de Consumo unen fuerzas en la campaña de concienciación ciudadana “Recuerdos inolvidables. La mascarilla es para ti, no para la naturaleza”.

“El abandono de basuras es un problema ambiental de primer orden sobre el que la ciudadanía está ampliamente concienciada. De hecho, gracias a sus demandas, la Unión Europea, con el apoyo de España, ha aprobado en tiempo récord una normativa que limita los plásticos de un solo uso y que España ha incorporado al anteproyecto de Ley de Residuos, actualmente en tramitación”, ha señalado Ribera.

“Por desgracia, España no es ajena a la contaminación que provoca el abandono de residuos plásticos y metálicos, papeles y cartones o colillas en espacios naturales y, para atajarla, debemos actuar en el origen, apelando a nuestra responsabilidad individual y modificando nuestros hábitos de consumo. En un momento en el que todos debemos actuar con responsabilidad, protegiéndonos y protegiendo a nuestros conciudadanos con el uso de mascarillas, es importante ampliar esa protección a los entornos naturales, que nos proveen servicios básicos como el aire limpio, agua y alimento, evitando abandonar mascarillas o cualquier otro residuo”, ha añadido.

Consumo responsable

Por su parte, el ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha hecho un llamamiento a la “responsabilidad individual de los ciudadanos, clave en las tres fases de la mascarilla: compra, uso y deshecho”. En la primera de ellas ha apelado al “consumo responsable” –una de las banderas de su ministerio– y ha recordado que, frente a las mascarillas higiénicas y quirúrgicas de un solo uso, el Gobierno recomienda adquirir cuando sea posible las reutilizables -de especificación UNE 0065-, que permiten reducir la cantidad de residuos generados.
Garzón ha insistido también que ese “consumo responsable” debe ir ligado a un correcto uso para evitar la propagación del COVID-19. “Todos y todas tenemos que ser conscientes de la importancia de la mascarilla y promoverla en nuestro entorno porque la salud de toda la población está en juego”.

El titular de Consumo ha agregado que la campaña “Recuerdos inolvidables. La mascarilla es para ti, no para la naturaleza” nace durante el periodo estival pero tendrá recorrido durante todo el año. “La sociedad ha ido tomando conciencia en las últimas décadas de la importancia tanto del reciclaje como de no abandonar envases en entornos naturales y urbanos fuera de sus contenedores. Nuevos residuos como los millones de mascarillas, guantes o envases de gel generados debido a la pandemia no pueden ser una excepción: El consumo responsable va desde la compra hasta el deshecho de los productos o envases”.

Las mascarillas: al contenedor gris

Con carácter general, los residuos asociados a la protección frente al COVID-19 y, especialmente, las mascarillas guantes y otros equipos de protección personal, deberán depositarse en la fracción resto domiciliaria –el contenedor gris de residuos no separables- y en ningún caso podrán ser abandonados en la vía pública o en un entorno natural.

Por otro lado, y al objeto de recudir el consumo de productos de un solo uso, se fomenta el uso de mascarillas higiénicas reutilizables (Especificación UNE 0065) para su uso por parte de la población; y se recomienda la utilización de guantes de un solo uso únicamente en circunstancias concretas, siendo en general preferible no emplearlos y ser rigurosos con las medidas de higiene, como lavarse frecuentemente las manos y evitar tocarse la cara.

Basuras marinas, indicador del  ‘LITTERING’

Anualmente, el MITECO realiza campañas de caracterización de las basuras en playas del territorio nacional que, posteriormente, incorpora al perfil ambiental de España, que se publica anualmente. La serie temporal (2013-2018, último dato consolidado) refleja una creciente presencia de residuos abandonados en estos entornos y evidencia la predominancia de basuras plásticas, en torno a un 71% del total, seguido de papel y cartón, en torno a un 11%. Los residuos higiénico-sanitarios, en donde se englobarían las mascarillas y guantes desechables, suponen en torno a un 6,5% del total.

En función del material que se haya usado en su fabricación –la mayoría incluyen polipropileno no tejido, un tipo de plástico–, las mascarillas podrían llegar a englobarse dentro del amplio grupo de residuos plásticos abandonados en entornos naturales. Similar situación ocurre con los guantes desechables, habitualmente confeccionados con vinilo, vitrilo, polietileno o látex; y con los envases en los que se comercializan tanto mascarillas como guantes o el gel hidroalcóholico, donde la presencia del plástico es habitual.

La fragmentación de todos estos residuos puede constituir, además, una fuente de acumulación de microplásticos en el medio, cuestión que agrava aún más los efectos asociados al abandono de basuras dado que, entre otras cuestiones, introduce los residuos plásticos en la cadena trófica, especialmente de la fauna marina. El MITECO viene realizando desde hace varios años campañas de prospección en playas para poder establecer tendencias sobre la presencia de estas partículas plásticas. Además, ha incorporado al anteproyecto de Ley de Residuos la prohibición de productos cosméticos y detergentes que contengan microplásticos añadidos intencionadamente.

El Gobierno, a través de los Ministerios de Consumo y Transición Ecológica y Reto Demográfico, recomienda la fabricación y uso de mascarillas higiénicas reutilizables –de especificación UNE 0065-, lo que permitirá reducir el consumo de opciones desechables. De igual modo, y siempre que sea posible, aboga por la higienización de manos con agua y jabón.

 El documento tiene como objetivo la identificación de las oportunidades que ofrecen las tecnologías del hidrógeno para la cadena de valor industrial del país

La Hoja de Ruta, con 57 medidas, establece objetivos a 2030 y ofrece una visión a 2050 para que el hidrógeno renovable contribuya a que España alcance la neutralidad climática y un sistema eléctrico 100% renovable a mitad de siglo

29/07/2020.- El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha abierto hoy, miércoles 29 de julio, el periodo de información pública de la “Hoja de Ruta del Hidrógeno: una apuesta por el hidrógeno renovable”, un documento que tiene por objeto proporcionar las señales adecuadas para fomentar el desarrollo de estas tecnologías en España, con gran potencial para la cadena de valor industrial del país y consolidar un sistema eléctrico 100% renovable antes de la mitad de siglo.  

El borrador de la Hoja de Ruta incluye 57 medidas para, entre otras cuestiones, preparar el marco regulatorio y favorecer la investigación e innovación, y marca objetivos a 2030, entre ellos, alcanzar una capacidad instalada de electrolizadores, el sistema para obtener hidrógeno renovable empleando agua y electricidad de origen renovable como materias primas, de al menos 4 gigavatios (GW).

El documento es coherente con la Estrategia Europea del Hidrógeno, que aprobó la Comisión Europea el 8 de julio, con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030 y la Estrategia a Largo Plazo 2050.

Define las oportunidades que abre el hidrógeno para España, entre las que destacan su contribución a la disminución de emisiones de gases de efecto invernadero, por cada kilogramo de hidrógeno renovable que sustituye a un consumo existente de hidrógeno no renovable, se evitan 9 kg de CO₂ a la atmósfera. Además, permitirá la penetración de un mayor porcentaje de energías renovables en el sistema eléctrico; ayudará a disminuir la dependencia energética nacional; favorecerá la descarbonización de los sistemas energéticos aislados, especialmente los insulares; y contribuirá a que España pueda maximizar su potencial, en términos de generación de empleo y actividad económica, asociado a la transición energética.

Además de su potencial como vector energético, al permitir el almacenamiento de energía a corto y largo plazo, lo cual aporta gestionabilidad al sistema; el hidrógeno presenta otras ventajas como su utilización en pilas de combustible o su posible producción a partir de biogás sostenible procedente del sector agrario o de residuos sólidos urbanos, incentivando así la economía circular.

Las tecnologías de hidrógeno son interesantes en diversos ámbitos, incluyendo el residencial, pero destacan sus aplicaciones industriales. De hecho, en la actualidad, la industria es el principal usuario de hidrógeno en España, con un consumo en torno a 500.000 toneladas anuales, fundamentalmente producidas a partir de gas natural. En este caso, la sustitución por hidrógeno renovable representa una oportunidad para la descarbonización del sector, que además puede incorporarlo a nuevos segmentos.

Otra área con especial potencial es el de la movilidad, sobre todo en aplicaciones que encuentran mayores dificultades de descarbonización mediante soluciones eléctricas, como puede ser el caso del transporte pesado de mercancías por carretera, el ferroviario en líneas no electrificadas o la aviación.

Objetivos a 2030

La Hoja de Ruta plantea objetivos de despliegue del hidrógeno a 2030 y, en segundo término, diseña una visión a 2050, cuando España habrá de alcanzar la neutralidad climática. De cara a la próxima década, y de forma coherente con las metas que se ha fijado la Comisión Europea, el documento establece los siguientes objetivos para España:

Producción: 4 GW de potencia instalada de electrólisis, lo que representa un 10% del objetivo marcado por la Comisión Europea para el conjunto de la UE.

Un 25% del consumo de hidrógeno industrial de origen renovable en 2030.

En cuanto a movilidad, para ese año, se plantea una flota de al menos 150 autobuses; 5.000 vehículos ligeros y pesados; y 2 líneas de trenes comerciales propulsadas con hidrógeno renovable. De igual modo, debería implantarse una red con un mínimo de 100 hidrogeneras y maquinaria de handling propulsada con hidrógeno en los 5 primeros puertos y aeropuertos.

57 Medidas

El documento plantea un conjunto de 57 medidas, agrupadas en 4 ámbitos de actuación. En primer lugar, se recogen actuaciones de carácter regulatorio que incluyen, entre otras, la introducción de un sistema de garantías de origen, que aseguren que el hidrógeno se ha producido a partir de energía 100% renovable. Un segundo capítulo está dedicado a las medidas de carácter sectorial, para incentivar el uso de hidrógeno renovable y la puesta en marcha de proyectos en ámbitos como el industrial, el energético o el de la movilidad.

Por otro lado, la Hoja de Ruta recoge medidas de carácter transversal para fomentar el conocimiento del potencial del hidrógeno renovable en el conjunto de la sociedad; y, por último, se aborda el fomento de la I+D+i vinculada estas tecnologías, reforzando el papel del Centro Nacional del Hidrógeno como institución pública de referencia.

El periodo de consulta pública de la Hoja de Ruta se extenderá hasta el próximo 11 de septiembre. Las contribuciones pueden realizarse a través del correo electrónico bzn-h2renovable@miteco.es.

Toda la información está disponible en este enlace de la Web del MITECO.